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La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) radicó un oficio de queja por violación a derechos humanos y a la libertad de expresión, y se tramitó la solicitud de medidas precautorias y cautelares a la Fiscalía General del Estado (FGE) para salvaguardar la integridad del periodista Silvano Bautista Ibarias , quien enfrenta una demanda por delitos contra el honor y la exigencia de 5 millones de pesos por reparación de daños de la diputada priísta María de Jesús Olvera Mejía .
Durante la sesión ordinaria de hoy del Congreso Estatal , la legisladora subió a tribuna y calificó como “violentos” a los periodistas que el pasado martes ingresaron al salón de plenos del Legislativo y con pancartas y reclamos exigieron respeto a la libertad de expresión y el desafuero de la también dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Chiapas.
La representante popular por el XI distrito electoral, con sede en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, argumentó que en diciembre pasado interpuso una demanda civil contra el medio local en el cual labora Bautista Ibarias porque se negó a publicar su derecho de réplica. Aseguró que proseguirá el proceso jurídico hasta que las autoridades resuelvan el litigio.
En entrevistada, Olvera Mejía exigió que el periodista pruebe los señalamientos y sostuvo que las averiguaciones previas y el expediente penal referidos no existen.
Ya dentro de su oficina y cuestionada por reporteros la legisladora reiteró su acusación de “violentos” contra los trabajadores de los medios de comunicación que se manifestaron en apoyo a Silvano.
El reportero y columnista informó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos radicó la quejan CEDH/0393/2017 por violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión y se solicitó a la Fiscalía General del Estado medidas cautelares para que policías ministeriales resguarden su integridad física.
Lo anterior, después de reunirse anoche con el subsecretario de gobierno y de derechos humanos de la Secretaría Estatal de Gobierno, Jorge Valdemar Utrilla .
De igual manera, precisó, se solicitó a la Secretaría de Gobernación activar el protocolo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos para que personal de la dependencia federal acuda a Tuxtla Gutiérrez valore sus riesgos y, en su caso, se le proporcione custodia personal y familiar.
El comunicador pidió además que el presidente de la LXVI Legislatura local, Eduardo Ramírez Aguilar; el coordinador parlamentario del PRI, Hugo Pérez Anzueto, y el dirigente estatal del partido del tricolor, senador Roberto Albores Gleason, fijen una postura pública respecto a Olvera Mejía, para conocer si “existe un deslinde que evidencie que sus actos no se repetirán o, por el contrario, si existe un consentimiento tácito”.
Bautista afirmó que acudió a las medidas de protección debido al “historial, el actuar violento e irracional” de la priísta, según lo evidencian su conducta y expresiones verbales, como lo demostró en medio del conflicto del proyecto hidroeléctrico Chicoasén II, detenido actualmente, tras los enfrentamientos y hechos violentos por la disputa laboral, en las cuales se involucró a la senadora.
Reiteró su petición de retiro del fuero porque esa prerrogativa constitucional le otorga mayores ventajas ante los tribunales; “acude como legisladora y no como ciudadana”, y además “existe un delito claro de falsificación de documentos, pues posee dos actas de nacimiento y dos CURP”, arguyó.
El periodista aseguró que la publicación del 25 de octubre de 2016 está fundamentada en declaraciones y documentos con señalamientos “claros y precisos”.
En ella se le acusa de homicidio en grado de tentativa, fraude, asociación delictuosa, motín y falsificación de documentos y privación ilegal de la libertad, entre otras imputaciones.
El texto periodístico que desató la ira de la legisladora del PRI se sustenta en al menos, ocho averiguaciones previas y expedientes penales, entre éstos la 677/ CAJA4/06 por motín, despojo y robo con violencia; la 284/ CAJ 4/ 07 por homicidio en grado de tentativa, así como la 274 FS17/2010 por fraude, y el expediente penal 11/2008 por motín y asociación delictuosa.
afcl
