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El Gobierno de Tabasco presentó un catálogo de 10 acciones que se implementarán para evitar la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, mientras que la bancada del PRI presentó ante el Congreso Local una iniciativa de ley para la protección de comunicadores.
En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, anunció que la administración estatal, que encabeza Arturo Núñez Jiménez, es respetuosa de la libertad de expresión y con estas medidas se busca garantizar el ejercicio periodístico en la entidad.
Dentro de las acciones que se pondrán en marcha está la organización de un taller de sensibilización a presidentes municipales sobre la labor periodística llamado: Los periodistas no son enemigos de la autoridad; la impresión y difusión de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos; un seminario de derechos y deberes del ejercicio periodístico en Tabasco; la Cenepred capacitará a periodistas para cambiar enfoques y entrenamiento; realización del Primer Foro Estatal de Trabajadores de los Medios de Comunicación; se propondrá la firma del Acuerdo Integral para la Protección de Periodistas Tabasqueños.
Además el encargado de la política interna, Gustavo Rosario Torres, informó sobre la realización de un taller de Periodismo Tabasqueño en la era de las Redes Sociales; se difundirá el Procedimiento de Atención a Periodistas y se promoverá la importancia de proteger la labor periodística en la vida democrática de Tabasco.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco dio a conocer que en 10 años se tiene el registro del asesinato de cuatro periodistas.
Por su parte, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso Local, el diputado del PRI, Jorge Lazo Zentella, propuso la expedición de una Ley local para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, con la finalidad de contar con el marco jurídico adecuado, que permita enfrentar legalmente de manera eficaz cualquier ataque la vida o la integridad física de esas personas y de sus familias.
Se pretende con esta legislación tener medidas para la protección de los periodistas como es la reubicación temporal de las personas afectadas y de su familia en su casa; la protección de inmuebles; atención psicosocial; el otorgamiento de una pensión para el caso de que algún comunicador o persona defensora de los derechos humanos sea asesinado en el ejercicio de sus actividades y finalmente, la creación de un fondo a través de un fideicomiso público para garantizar las medidas señaladas.
