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Los siete reporteros que fueron agredidos por 100 hombres armados en Tierra Caliente están sin protección y no confían en las autoridades.
A dos días de que fueron despojados de sus equipos de trabajo: cámaras fotográficas, de video, celulares, computadoras, dinero, una camionetas, y amenazados con que los quemarían vivos si denunciaban lo ocurrido en el próximo retén militar, los reporteros Sergio Ocampo Arista, corresponsal de La Jornada; Alejandro Ortiz, corresponsal de W Radio; Jorge Martínez, de la agencia Quadratín Guerrero; Ángel Galeana, de Imagen Televisión; Jair Cabrera, colaborador de La Jornada; Hans Musielik, colaborador de Vice News, y Pablo Pérez García, del portal Hispano Post, no han recibido atención de la Procuraduría General de la República (PGR). Tampoco del Mecanismo de Protección a Defensa de Derechos Humanos y Periodistas. Ni el gobierno del estado se ha acercado ni siquiera con una llamada telefónica.
Porque pese a que Guerrero es una de las entidades con mayor registro de agresiones a reporteros, no se cuenta con un Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas, por lo cual el seguimiento que ofreció la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) sólo puede ser en el mecanismo federal.
El corresponsal de La Jornada, Sergio Ocampo, no presentará denuncia por la agresión. No tiene caso, dice. “Los grupos criminales son hechuras del estado, no creo que ellos mismos se pongan la soga al cuello”.
La denuncia que sí presentará será por el robo de su camioneta Jeep Patriot y espera que el seguro le cubra el total de la pérdida. Mientras, está cancelando sus tarjetas del banco y tramita sus credenciales oficiales.
Jorge Martínez Dionisio, reportero en Chilpancingo de la agencia Quadratín Guerrero, ha pasado estos dos días sin poder conciliar el sueño. Por las noches le llegan imágenes de balaceras o de hombres armados que intentan entrar a su domicilio.
“A mí, la verdad, me dio mucho miedo cuando veníamos en el camino rumbo a Iguala, porque nos venían siguiendo en motos”.
Martínez Dionisio se siente más tranquilo, más confortado por estar con su familia. “Sin embargo, no imaginé que esto hubiera afectado tanto a mi familia; ellos pasaron momentos de incertidumbre, de angustia: no sabían cómo estaba. Al inicio se decía que nos golpearon. No nos golpearon, pero el golpe sicológico es más fuerte”.
Martínez Dionisio tampoco ha recibido atención de ninguna autoridad, sólo el apoyo de su medio.
Hans Musielik, reportero alemán, colaborador de Vice News, dice que el sábado pasado se enfrentó a uno de sus momentos de mayor vulnerabilidad.
“No sé si es la situación más difícil que he pasado, pero sí en la que más me han robado. Es cuando más sentí que no tenía ningún tipo de control de la situación, que realmente estábamos a merced, al capricho de ellos. En otras situaciones puedes hablar, puedes dialogar, en ésta no”, relató.
El sábado 13 de mayo, los periodistas regresaban de cubrir los 14 bloqueos que realizaron pobladores y presuntos delincuentes en rechazo a la intervención militar en el municipio de San Miguel Totolapan. Fueron incendiados ocho autobuses, 14 camionetas de 3.5 toneladas, cuatro tipo Torton, un tráiler y tres vehículos de volteo; además, las empresas de transporte de pasajeros suspendieron sus corridas, las cuales todavía no han reanudado.
