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estados@eluniversal.com.mx
Tepic.— Como fiscal de Nayarit, Édgar Veytia acumuló un poder excesivo debido a que tomó atribuciones que no le correspondían y el Congreso estatal fue omiso al no llamarlo a comparecer por esa situación, reconoció el coordinador de los diputados panistas Ramón Cambero Pérez, quien consideró que por ese motivo no hay confianza en el proceso iniciado para nombrar al nuevo fiscal.
El tema ha confrontado al PRI y al PAN en el Poder Legislativo, pues mientras los tricolores —con mayoría en el pleno— iniciaron el proceso para que el gobernador Roberto Sandoval y los diputados nombren al nuevo titular que estará al frente de la fiscalía en los siguientes nueve años, el blanquiazul pugna por lograr un acuerdo que permita al siguiente mandatario y a la próxima Legislatura tomar el control de este proceso.
Ayer la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso emitió el dictamen para abrir la convocatoria pública para que los interesados en el puesto entreguen los documentos requeridos.
El presidente de la comisión, Francisco Javier Jacobo Cambero, del PVEM, explicó que a partir de la publicación en el Diario Oficial, los interesados tendrán cinco días hábiles para entregar sus expedientes.
Los diputados harán una lista de 10 candidatos y la enviarán al gobernador, quien a su vez elegirá una terna que devolverá al Congreso para que el nuevo fiscal sea electo en una sesión plenaria con la votación de las dos terceras partes de los diputados.
Ante esta situación, Cambero indicó que no hay condiciones políticas “ni de confianza y credibilidad” para que esta Legislatura y el actual gobernador designen al nuevo fiscal.
“Esta decisión tan delicada no solamente debe ser conducida por el Poder Legislativo, y ni siquiera por el Poder Ejecutivo, porque al final no hay confianza, porque ya fallamos y creo que bien vale la pena replantear eso”, señaló.
Las opciones propuestas por el PAN son dos: lograr un acuerdo político para dejar el nombramiento a la siguiente Legislatura y al siguiente gobernador —que entrarán en funciones en agosto y septiembre próximos— o aprovechar que se debe modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía para armonizarla con el Sistema Nacional Anticorrupción e incluir la figura de un fiscal sustituto.
Cambero recordó que incluso hay propuestas a nivel nacional para que la Procuraduría General de la República (PGR) tome el control de la seguridad en el estado.
Indebido. Respecto a las atribuciones que se tomó Édgar Veytia, el diputado Francisco Javier Jacobo Cambero explicó que hay una separación legal entre el Ministerio Público y la Seguridad Pública que en los hechos recaía en una sola persona:
“En la práctica eso no debe estar en una sola persona, son cosas totalmente diferentes y eso tiene que plantearse en el funcionamiento de la fiscalía para no concentrar tanto poder en una sola autoridad (…); hay que ver qué es lo que ya existe y qué se tiene que modificar”, indicó.
Finalmente señaló que hay responsabilidad de quien desde el Poder Legislativo debió solicitar la comparecencia del fiscal para pedir cuentas por esta situación.
El presidente del Congreso, el priísta Jorge Segura, dijo que la Constitución es clara y “no se puede politizar la seguridad en el estado, pues sería un riesgo mantener acéfala la fiscalía tanto tiempo”.