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Taxistas de los municipios de de Apodaca, San Nicolás, Escobedo y Ciénega de Flores acusaron al gobierno estatal de presionarlos para que se sumen a un sindicato que se conformó en días pasados con gente del ramo del transporte que abandonó las filas de la CTM, y que tendría como propósito constituir la base electoral de los candidatos independientes para los comicios de 2018.
Juan de Dios Espinosa, trabajador del volante del municipio de Apodaca, aseguró que las presiones y amenazas provienen de funcionarios de la Agencia Estatal del Transporte y de la Secretaría General de Gobierno, que encabezan Jorge Longoria, y Manuel González Flores.
Agregó que también sus representantes de las diversas bases los obligan a ir a reuniones que se llevan a cabo en el Palacio de Gobierno, y muchos taxistas no están de acuerdo en perder dos horas y media sólo para “hacer bola”, cuando a ellos lo que les importa es trabajar para pagar la renta diaria de 400 pesos por vehículo, además de comprar gasolina llevar algo de dinero para alimentar a su familia.
Otro operador del volante señaló que el regidor priísta de Escobedo, Manuel Montejano Serrato, quien está apoyando al nuevo sindicato, les cobra una cuota mensual de cien pesos que, según les dijo, sería para darles un “moche” a las autoridades estatales del transporte, a fin de que los dejen trabajar en Soriana-Sendero.
Taxistas de San Nicolás de los Garza acusaron al regidor Pablo Arriaga Gutiérrez de condicionarlos junto con empleados del gobierno estatal.
El pasado 5 de abril, con el encabezado “Anuncia Estado nueva agrupación de taxistas”, el gobierno de Nuevo León, anunció que 5 mil taxistas desconocieron a la dirigencia estatal de la CTM.
El nuevo gremio que integran 21 grupos de operadores del volante, se denomina “Organismo Estatal de Agrupaciones de Taxistas”, y de acuerdo con el boletín oficial, “anunciaron su separación del liderazgo del dirigente Ismael Flores Cantú, tras denunciar, abusos, malos manejos y maltratos”, mientras estuvieron acompañados por Jorge Longoria, director de la Agencia de Transporte y Vialidad, quien aseguró que los renunciantes representan poco más de 80% de los que pertenecían a la central obrera. Este gobierno, les dijo, no recibe línea de ningún grupo ni organización y “a nadie le pedimos a quién está afiliado y cómo está registrado”.
