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Senadoras del PAN y del PRD exigieron una investigación a fondo y con perspectiva de género para presentar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales del feminicidio de Emma Gabriela Molina Canto, ex esposa de Martín Alberto Medina Sonda, señalado como uno de los lavadores de dinero del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier.
Molina Canto fue asesinada el pasado lunes en las puertas de su domicilio en Mérida, Yucatán. Luchó por años para recuperar a sus hijos que fueron “raptados” por su ex esposo, el empresario tabasqueño Martín Alberto Medina Sonda.
En conferencia de prensa, la senadora Adriana Dávila dijo que Molina fue víctima de la indiferencia institucional, porque desde hace cinco años tuvo un litigio con su ex esposo a quien se le acusa de ser uno de los lavadores de dinero del ex gobernador Granier.
Su compañera Rosa Adriana Díaz coincidió en que se trata de un caso de omisiones, en el cual la policía de Yucatán tiene que poner énfasis, pero, sobre todo, la ciudadanía.
“Para exigir al gobierno de Yucatán y al Gobierno federal que de ninguna manera este homicidio quede impune, pero más aún, que se califique como feminicidio, por los años de pena que estos tipos deben enfrentar”.
El senador por Yucatán Daniel Ávila adelantó que este jueves el grupo parlamentario del PAN presentará un punto de acuerdo de urgente resolución para que la PGR atraiga este caso de asesinato de Emma como un feminicidio.
“No confío en la Fiscalía del estado, no confío en las autoridades del gobierno de Yucatán, y por eso estamos solicitando también que la PGR empezar una investigación. El caso no es un oportunismo político, es importante decirlo, este caso es la gota que derramó el vaso de agua”, dijo.
Por separado, la senadora Angélica de la Peña (PRD) condenó el asesinato y expresó su solidaridad a su madre, la señora Ligia Canto y a sus tres hijos, para quienes exigió medidas cautelares que garanticen su vida e integridad por parte del gobierno de Yucatán y de las autoridades del gobierno federal.
La perredista apuntó que a la par de la investigación con perspectiva de género para detener y presentar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales, se debe examinar la actuación de los funcionarios responsables de la protección de la activista y su familia, pues la Recomendación 54/2014 de la CNDH instruía proveerles todas las garantías de la Ley General de Víctimas, entre ellas, la seguridad.
Señaló que la Recomendación 54/2014 de la CNDH no ha sido cumplida totalmente por las autoridades federales del gobierno de Tabasco y de la Ciudad de México, “una vez más la falta de cumplimiento integral de las recomendaciones de la CNDH tuvo consecuencias terribles para las víctimas”.
De la Peña aseguró que la Fiscalía de Yucatán es responsable por no atender debidamente las denuncias que Emma Gabriela y su madre presentaron por el acoso que sufrieron durante tres años por parte de los familiares de quien fuera su esposo.
cev
