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El Juzgado Sexto de Distrito en Quintana Roo concedió un amparo a la organización “Somos Tus Ojos”, el cual deja sin efecto la determinación de la Comisión de Justicia de la anterior Legislatura local de desechar la solicitud de juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo Molina, quien fungió como secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) durante el último tramo de la administración del pasado gobernador Roberto Borge.
Lo anterior propició que el Congreso estatal diese entrada a demanda de juicio político en contra de Guillermo Molina, acusado por la organización presidida por la abogada Fabiola Cortés Miranda del probable desvío millonario de recursos destinados a la promoción turística del Caribe mexicano.
El presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, informó que el lunes pasado fueron notificados del fallo emitido por el Juzgado Sexto, que instruye a dejar sin efecto el dictamen de la Comisión de Justicia del 10 de junio pasado, que determinó rechazar la demanda de juicio político, lo que permitirá reponer el procedimiento del caso.
“Con el fallo emitido por el Juzgado Sexto de Distrito, este Congreso ya cuenta con las herramientas, pero sobre todo, con la base legal necesaria para dar entrada, a través de la Comisión de Justicia, del juicio político que la organización civil ‘Somos Tus Ojos’ interpuso y que, inexplicablemente, la Comisión de Justicia de la Legislatura pasada desechó.
“Estamos listos para que este caso sea revisado por la Comisión de Justicia y se dé el trámite que corresponde, con todos los fundamentos y argumentos necesarios”, declaró.
En abril de 2016, Cortés Miranda presentó una demanda de juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo, quien fungía como secretario de Finanzas y actualmente es suplente del diputado federal José Luis “Chanito” Toledo.
El fundamento de la solicitud estribó en su probable responsabilidad en el desvío de mil 464 millones 604 mil pesos, provenientes del Impuesto al Hospedaje (IH), dinero que fue recaudado en 2014 y 2015 que dejó de entrar a los Fideicomisos de Promoción Turística del estado.
En 2014, la cantidad recaudada por ese concepto fue de 724 millones 766 mil pesos, mientras que otros 739 millones 838 mil pesos se enteraron entre enero y septiembre del 2015.
Aquella demanda de juicio político fue acompañada por 17 pruebas documentales obtenidas mediante solicitudes de información del Poder Ejecutivo y de los municipios de Benito Juárez y Solidaridad, cuyas cabeceras son Cancún y Playa del Carmen.
Además del presunto desvío de recursos, la activista aportó también evidencias sobre las deudas contraídas por los fideicomisos con proveedores de marketing turístico. Cancún adeudaba 224 millones de pesos y la Riviera Maya, 118 millones.
El ex funcionario también es sujeto de investigación por el desvío de 560 millones de pesos, fruto del préstamo que la banca Interacciones concedió a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo, por concepto de inversión público productiva.
De acuerdo con declaraciones del actual director de CAPA, Gerardo Mora, así como documentación oficial, ese dinero entró a las arcas del organismo, pero al día siguiente salió y quedó en manos de Sefiplan.
La dependencia a cargo de Guillermo Molina está implicada además en la contratación de una empresa para la elaboración de un Atlas de Riesgo para el estado, a la que se le pagó una cifra estratosférica, que debió haber entregado el insumo el año pasado.
