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Washington.— El Tribunal Supremo de los Estados Unidos se presentó dividido ante la posibilidad de que los padres de un adolescente mexicano asesinado puedan denunciar al agente estadounidense que mató a su hijo en la frontera entre EU y México.
La discusión en el caso va más allá de la muerte: se debate la posibilidad de que un agente estadounidense pueda violar derechos constitucionales a pesar de que los hechos ocurrieran fuera de territorio estadounidense.
La muerte del adolescente sucedió en 2010, cuando Sergio “N” jugaba con un grupo de amigos en la zona del Río Bravo, entre El Paso (Texas) y Ciudad Juárez. El juego consistía en tocar la valla metálica estadounidense y volver corriendo a territorio mexicano. “No era una amenaza y estaba desarmado”, recordó el abogado de la familia mexicana, Robert Hilliard.
En uno de los momentos de regreso, el agente fronterizo Jesús Mesa le disparó mortalmente en la cabeza desde el lado estadounidense. En un principio, el gobierno argumentó que Mesa disparó al verse rodeado y tras descubrir que Hernández ayudaba a cruzar de forma ilegal. Un video demostró que Mesa no era amenazado y disparó varias veces a un adolescente que sólo se asomaba tras una columna. Según Hilliard, desde la muerte de Sergio seis mexicanos han sido asesinados en circunstancias similares.
El suceso presenta varias cuestiones que el Tribunal Supremo debe resolver: si el policía cuenta con inmunidad y, especialmente, si el derecho constitucional sobre seguridad es válido en un caso que no sucede en territorio nacional. La resolución de los jueces podría facilitar a los padres del adolescente demandar por vía civil al agente y pedir una compensación económica por más de 10 millones de dólares, por la muerte de su hijo.
La división ideológica del Tribunal Supremo sigue firme. Mientras los jueces progresistas son partidarios de que la familia puede presentar la demanda, los jueces conservadores se mostraron reticentes a aceptarlo, al considerar que, si se aprueba la petición de la familia, abrirán la puerta a que víctimas de drones u otras operaciones militares orquestadas desde Estados Unidos, pero ocurridas en el extranjero, puedan demandar al gobierno, lo que, según ellos, pone en riesgo la seguridad nacional del país.
El fallo podría afectar las demandas o potenciales demandas de al menos cinco de estos casos y podría tener amplias consecuencias en los incidentes de uso de la fuerza mortal por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza.
El gobierno mexicano ha dejado en claro ante las cortes estadounidenses que un fallo a favor de los demandantes “no interferiría con la soberanía de México o crearía dificultades prácticas”.
