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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, y al ayuntamiento de Celaya por discriminar y vulnerar el derecho a la justicia de una mujer que fue violentada sexualmente.
De acuerdo con la recomendación 64/2016, el 4 de abril de 2014 una mujer denunció a dos policías municipales que había sido víctima de violencia sexual, mismos que no hicieron nada por detener al agresor. Uno de los uniformados dijo al esposo que la mujer tenía un amante.
Ya en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato fue cuestionada de por qué no presentaba golpes, si había sido víctima, además se le acusó de haber dejado a sus hijas para ir “a tener sexo con un hombre”.
En su investigación, la CNDH constató que las declaraciones de cinco agentes policiales no eran coincidentes; además, ninguno de los agentes elaboró ni remitió el parte informativo.
La autoridad ministerial no recabó los testimonios de los agentes que tuvieron el primer contacto con la víctima, no solicitó información al organismo defensor de derechos humanos local, y tampoco requirió a los policías el informe de hechos.
En la recomendación, la CNDH solicitó al gobernador y al ayuntamiento de Celaya reparar el daño a la víctima, proporcionarle atención psicológica y colaborar con el organismo en las quejas que presente para iniciar procedimiento administrativo contra el personal ministerial y policial que intervino.
