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Monterrey.— Para evitar casos como el ocurrido en el Colegio Americano del Noreste, el gobierno de Nuevo León lo único que tiene que hacer es cumplir la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar, que entró en vigor el 2 de julio de 2013, señaló el diputado local panista, Ángel Barroso Correa.
Detalló que la ley contempla los lineamientos para enfrentar un problema que causa estragos en la sociedad local, puesto que sólo en la Facultad de Piscología de la UANL se atienden mensualmente 15 menores que intentaron suicidarse, ante el acoso y violencia que sufren en las escuelas.
Así lo manifestó en entrevista, Barroso Correa, quien el pasado 21 de septiembre propuso un exhorto al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, al rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Rogelio Garza Rivera, y a la entonces secretaria estatal de Educación, Esthela Gutiérrez Garza, para que emprendieran acciones para prevenir y tratar la violencia escolar.
Entre las demandas que el Congreso aprobó por unanimidad estuvo la activación del Consejo para la Prevención, Tratamiento y Erradicación del Acoso y Violencia entre Escolares —que por ley preside el gobernador—, pues a 11 meses del nuevo gobierno, ni siquiera había sido instalado. A raíz del punto de acuerdo, el gobierno estatal reaccionó y el 29 de septiembre se tomó protesta al nuevo consejo.
En el Punto de Acuerdo también se exhortó al gobernador “a cumplir a la brevedad el artículo segundo” de la citada ley, que establece: “Cada escuela con organización completa de educación básica y media superior, contarán con un sicólogo y/o trabajador social, que será el responsable de coadyuvar con las acciones relacionadas con la prevención, atención y erradicación del acoso y violencia escolar”.
