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Playa del Carmen.— En este destino turístico de la Riviera Maya, el cobro por derecho de piso o extorsión para permitir la operación de negocios y comercios es una realidad, lo mismo para autoridades que para empresarios que son víctimas de las presiones del crimen organizado.
Tras la tragedia en la que murieron cinco personas y 15 resultaron lesionadas, luego de un tiroteo en el bar Blue Parrot, donde se celebraba un festival de música electrónica, la fiscalía estatal ratificó que una de las líneas de investigación son el cobro por derecho de piso; las otras dos son extorsión y posible tráfico de drogas.
El regidor panista de Turismo y Ecología en el cabildo de Solidaridad, Gustavo Maldonado, indica que las pérdidas por el cobro de derecho de piso son incalculables y difíciles de tasar, por el temor que siente el empresariado.
“Es muy grande la pérdida. No he querido ni preguntar a cuánto asciende, sería vergonzoso enterarme, cualquier cifra que sea es vergonzoso saber y reconocer, como gobierno hoy, que tenemos conocimiento de que eso está sucediendo y poco o nada estamos haciendo para solucionarlo”, dijo.
Agregó que “han logrado su propósito las organizaciones criminales: Hay temor de la población, en los sectores empresariales, pero vamos a responder de manera inteligente”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL, al aceptar que la problemática de extorsión del crimen organizado “es una realidad”.
Con 30 años de radicar en Quintana Roo, el concejal narra que el desorden se volvió más palpable en la Quinta Avenida, una vialidad netamente turística que concentra la vida nocturna, comercial y cultural “Después de las dos de la mañana es tierra de nadie”, afirma, al señalar que el hecho de que el delito de tráfico de drogas sea federal les ha atado las manos “para desatender el tema (…), pero a nadie le conviene que en el destino haya sangre”.
Temor persiste. Tras los hechos de violencia, sigue el temor y la incertidumbre entre comerciantes y empresarios de la zona, ante el desenlace de los acontecimientos y ante la presión que pueda darse por parte de grupos vinculados al crimen organizado.
Un empresario, quien se identificó como Alejandro S, admite que poca gente quiere hablar del tema y del cobro de derecho de piso. Propietario de un restaurante, dice que es impostergable que las autoridades de Quintana Roo y del gobierno federal intervengan para frenar la ola de violencia.
“Hay turismo, es verdad, pero con lo que está pasando (...), las presiones, quién sabe qué pueda pasar, no vaya a ser que Playa de Carmen empiece a dar miedo y la gente no venga”.
Al igual que él, otros comerciantes consideran que la violencia aumentará, por lo que exigen que las autoridades intervengan con prontitud para cuidar el turismo, que genera empleo y divisas en Quintana Roo.
