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Mérida.— El abogado de MA OGM Colectivo Sin Transgénicos, Jorge Fernández Mendiburu, acusó a la Presidencia de la República de defender y respaldar a empresas como Monsanto, al impugnar el decreto del gobierno del estado que declaró a Yucatán como zona libre de cultivos transgénicos, el pasado 13 de diciembre, “por lo que quedó demostrado que al actual gobierno de Enrique Peña Nieto no le importan las comunidades mayas”.
Como se informó, la Consejería Jurídica de la Federación interpuso una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echar atrás el decreto 418 del gobierno estatal, el cual fue publicado en octubre pasado para proteger a la población del posible daño a la salud por la presencia de soya transgénica en territorio yucateco.
El activista recordó que, hace aproximadamente cuatro años, pobladores de nueve municipios mayas —como Tekax, Santa Elena y Ticul—, pertenecientes principalmente a grupos apícolas, iniciaron un procedimiento a partir de la Ley de Bioseguridad, para declarar a sus comunidades libres de cultivos genéticamente modificados.
En ese entonces, la Sagarpa les negó ese derecho, argumentando que no había lineamientos establecidos en esa Ley para evitar el cultivo de transgénicos en sus localidades. Los pobladores obtuvieron un amparo de un juez de Distrito de Yucatán, pero el caso aún no se resuelve.
Además, como no estaban claras esas disposiciones, el gobierno del estado publicó un decreto en octubre para proteger a toda la entidad de transgénicos, y, de esta manera, evitar daños a la salud de los pobladores ante el uso extensivo de agroquímicos.
Sin embargo, el 13 de diciembre, la Presidencia impugnó el decreto, argumentando que el Ejecutivo de Yucatán habría invadido atribuciones del Congreso de la Unión, que reguló el tema desde 2005 mediante la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, cuya aplicación corresponde a dependencias federales.
“Se trata de una defensa burda de la federación, cuando los pobladores pidieron que sus comunidades sean zonas libres de transgénicos, no sólo tardaron en responderles, sino que les dieron una respuesta negativa, justificando que no hay lineamientos”, criticó Fernández Mendiburu.
“Pero se contradicen, pues a pesar de que dicen que no existen esos lineamientos, el gobierno federal sí da permisos para sembrar soya transgénica y, además, impugna las medidas del gobierno del estado. Es evidente que al gobierno de Peña Nieto no le importan las comunidades y que sí defiende a Monsanto”, agregó.
El abogado señaló que los ministros de la SCJN deberán tomar en cuenta que el gobierno federal ha tenido criterios diferenciados en el tema, al negar zonas libres de transgénicos y, al mismo tiempo, otorgar permisos para cultivar organismos genéticamente modificados en el sureste. Señaló que el Ejecutivo estatal deberá defender sus argumentos, y respaldar los razonamientos que pusieron sobre la mesa para emitir ese decreto.
