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El Consejo de ministros español firmó este viernes la extradición de Diego Cruz Alonso para que sea trasladado y juzgado en México, anunció el ministerio de Justicia en un comunicado. El presunto violador queda sólo a la espera de que en los próximos días las autoridades mexicanas envíen a los agentes policiales que deberán recogerlo en Madrid y escoltarlo desde la frontera española.
Cruz puede ser condenado en México a 40 años de cárcel por “pederastia tumultuaria” en lugar de los 15 por agresión sexual agravada a los que aspiraba como condena máxima en España.
La firma de la extradición era el último paso de un proceso que se ha alargado seis meses desde que Alonso fue detenido el 10 de junio en la capital española, donde vivió tres meses bajo otra identidad tras huir de México anticipándose a una orden de detención.
Al día siguiente, en su primera comparecencia ante el juez, el joven de 21 años, conocido como uno de los “Porkys de Costa de Oro”, se negó a ser extraditado a México alegando que tenía nacionalidad española a través de su abuelo y que en México no se cumplían las garantías para un juicio justo.
Cruz fue entonces internado en la cárcel de Soto del Real y se abrió un largo proceso judicial.
El 28 de octubre tres magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española desestimaron todos sus argumentos y determinaron su traslado a México para ser encausado en el juzgado de Veracruz que investiga su caso, una acusación de “pederastia tumultuaria” por la violación colectiva de una menor de 17 años en Veracruz en 2015.
La defensa de Cruz perdió el último de los recursos posibles el 2 de diciembre, cuando el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional (el conjunto de los 20 jueces de la institución) decretó que no había argumentos legales para que Cruz no fuese procesado en México.
Los jueces consideraron entonces “que se dan los requisitos para acceder a la entrega, y que el delito cuya persecución se solicita la entrega es de naturaleza común, no se advierte motivación espuria en la demanda, no concurre el instituto de la prescripción dada la fecha de los hechos y no cabe apreciar circunstancias extintivas de la responsabilidad penal, siendo incuestionable la jurisdicción de México atendido el principio de territorialidad”.
Respecto a la nacionalidad española del reclamado como obstáculo para su entrega, otro de los pilares en los que se basó la defensa, los jueces consideraron que poseer pasaporte español “en manera alguna” impedía la extradición.
El paso por el Consejo de Ministros de este viernes se consideraba un mero trámite. Los ministros sólo frenan extradiciones en circunstancias muy excepcionales, que no reunía en el caso de Cruz. Deben darse motivos de seguridad nacional, irregularidades manifiestas en el proceso o amenazas de injerencias políticas.
Tras el visto bueno acordado por el gobierno, la justicia española debe comunicárselo oficialmente a la contraparte mexicana y coordinarse con la PGR para que en los próximos días sean enviados agentes mexicanos al aeropuerto español de Madrid-Barajas. Allí les será entregada la custodia de Diego Cruz para que lo trasladen a México. Todo este proceso podría retrasarse incluso semanas por las fiestas navideñas. A la espera, Cruz seguirá ingresado en la prisión de Soto del Real.
El caso de los “Porkys de Costa de Oro” ha causado una gran indignación popular ante las sospechas de impunidad que penden sobre los sospechosos. Los cuatro jóvenes presuntamente implicados en la violación de una menor a la salida de una discoteca procedían de familias adineradas y con buenas conexiones políticas en Veracruz. Tras los hechos no se interpuso denuncia y éstos se hicieron conocidos sólo después de una confesión difundida por el padre de la menor en redes sociales.
Cuando comenzó el proceso judicial en su contra, Cruz huyó a España. La PGR emitió entonces una orden de detención que se tramitó internacionalmente mediante Interpol. Tras una investigación conjunta de las autoridades mexicanas y españolas, se descubrió que Cruz vivía como estudiante en una lujosa residencia en el centro de Madrid. Se había cambiado el peinado, utilizaba gafas y ocultaba su identidad legal recurriendo a su segundo nombre (Gabriel) y el apellido materno (Alonso).
Fue detenido por policías españoles una noche que salía de fiesta, se negó a identificarse y propició una pelea en la que varios de sus acompañantes intentaron defenderlo al pensar que estaba siendo víctima de un secuestro. Posteriormente se supo que Cruz había mentido a su círculo social madrileño. Ninguno conocía los hechos que se le imputaban en México.
Durante el proceso judicial, Cruz alegó que había sido víctima de un “elaborado chantaje” por parte de la familia de la menor agredida. Aseguró que el padre de la joven lo amenazó con un arma para lograr una falsa confesión, y que su caso se había visto amplificado por una conspiración de políticos y medios de comunicación que pretendían distraer la atención de los problemas de corrupción en el estado de Veracruz.
Los jueces españoles no dieron ninguna credibilidad a estos argumentos y determinaron que su caso debía ser juzgado en Veracruz, donde se encuentran todos los testigos y pruebas.
