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El ex gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, y dos de sus colaboradores están involucrados en un posible “daño a la hacienda pública del estado” por más de 38.5 millones de pesos provenientes de donaciones en especie hechas por Pemex a la entidad.
Dentro de la auditoría extraordinaria realizada por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (Osafig) a los tres últimos años de la administración de Anguiano Moreno se han documentado irregularidades por más de 2 mil millones de pesos; sin embargo, es por este caso particular que la dependencia fiscalizadora pidió imponer una sanción económica al ex mandatario por un monto de 38 millones 570 mil 107 pesos e inhabilitarlo para ocupar cualquier cargo público durante un periodo de 14 años.
Según la investigación del Osafig, disponible en su portal electrónico, durante 2013 y 2014 Anguiano Moreno solicitó donaciones de asfalto, gasolina y diesel a Pemex, pero no hay registros de que las donaciones fueran utilizadas para beneficio público; incluso, el documento señala que sin justificación alguna se utilizaron dos gasolineras que pertenecen a la esposa e hijas del ex secretario de Fomento Económico y ex secretario general de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, para manejar el combustible donado.
La primera donación se acordó en diciembre de 2013, después de que en septiembre de ese año el ex gobernador solicitara al entonces director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, apoyo para “los trabajos de limpieza, remoción de escombro, rehabilitación y reconstrucción de calles y vialidades por la situación de emergencia provocada por las lluvias extraordinarias iniciadas en el mes de agosto y la tormenta tropical Manuel”.
Así, tras firmar el “contrato de donación”, el 30 de enero de 2014 Pemex liberó la orden para entregar a la administración estatal 3 mil toneladas de asfalto, 200 mil litros de gasolina Magna y 200 mil litros de diesel.
Se fijó como fecha máxima para su retiro el 19 de diciembre de 2014; sin embargo, hasta el 19 de junio de ese año el gobierno de Colima no había retirado nada de lo donado por Pemex y el ex gobernador solicitó una prórroga para poderlo hacer hasta el 19 de diciembre de 2015.
La segunda donación se solicitó en octubre de 2014 para “apoyar el bacheo, rehabilitación, pavimentación y reencarpetado de caminos y vialidades, así como la operación del parque vehicular y maquinaria de la administración estatal” y se formalizó en diciembre de ese año estableciendo que la empresa productiva del Estado entregaría 400 toneladas de asfalto, 130 mil litros de gasolina magna y 118 mil litros de diesel al gobierno de Colima.
No obstante, un documento entregado por Pemex al órgano fiscalizador establece que del total de los montos establecidos en los convenios de donación, sus registros indican que la administración estatal sólo reclamó 3 mil 400 toneladas de asfalto, 130 mil 200 litros de gasolina magna y 118 mil 200 litros de diesel, todo con un valor de 38 millones 570 mil 107 pesos.
El Osafig demostró que de forma irregular el gobierno del estado solicitó que el combustible donado fuera entregado en Estación de Servicios Pereyra S.A. de C.V. y en Servicio Comercial del Centro S.A. de C.V., dos gasolineras ubicadas en la ciudad de Colima y que pertenecen a la esposa e hijas de Rafael Gutiérrez Villalobos, ex secretario de Fomento Económico y ex secretario general de Gobierno durante la administración de Anguiano Moreno. El reporte señala que con los calendarios de entrega de Pemex se constató que los combustibles donados por Petróleos Mexicanos al gobierno de Colima “fueron suministrados a la Estación de Servicios Pereyra S.A. de C.V. y Servicio Comercial del Centro S.A. de C.V., sin que haya presentado para su Fiscalización Superior la acreditación del proceso de adjudicación del servicio de suministro, contrato y costo del servicio de depósito, custodia y suministro del hidrocarburo”.
En octubre de 2015, para justificar el uso del combustible donado, la administración de Anguiano Moreno, a través del director general de Desarrollo Urbano, Carlos Arias Guillén, informó a Pemex que la gasolina y el diesel fueron utilizados en la flotilla de vehículos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Desarrollo Rural y la Policía Estatal.
“Sin embargo mediante los oficios SDR. No. 477/2016, de fecha 17 de junio de 2016, y SDR. No. 442/2016 de fecha 6 de junio 2016, signados por Sergio Agustín Morales Anguiano, y oficio SSP/DGPE/CA/2016 de fecha 17 de junio de 2016, firmado por C. Pedro Acosta Rodríguez, director general de la Policía Estatal Preventiva, (el Osafig) acreditó que el abastecimiento y consumo de combustible para los vehículos de las secretarías fueron soportadas con facturas que amparan el pago de los combustibles antes descritos, sin observarse consumo del combustible donado”, señala el reporte que ya está en poder del los legisladores de Colima.
Respecto a la donación de asfalto, el informe indica que “el gobierno del estado entregó a Pemex un listado con 14 obras en las que supuestamente se utilizó parte del material; sin embargo, no se presentaron los contratos de Obra Pública para su verificación”. El organismo de fiscalización del estado solicitó a las dependencias y funcionarios estatales involucrados en este caso que presentaran las explicaciones y documentos necesarios para aclarar las irregularidades, pero no hubo respuesta.
Ante este presunto daño al erario público, tras entregar su informe al Congreso del estado, el Osafig solicitó y propuso sanciones para los funcionarios involucrados. En tanto, en el Poder Legislativo es la Comisión de Responsabilidades, presidida por el panista Riult Rivera, la que analiza el documento entregado por el órgano fiscalizador y ha iniciado un proceso de juicio político contra el ex gobernador; aunque el legislador ha estimado que las sanciones contra Anguiano Moreno y sus colaboradores podrían definirse en enero próximo, aún falta la comparecencia de los acusados ante el Congreso.
