Niegan amparo a dos por empresas fantasma

Un juez federal negó amparar a Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta, implicadas en las investigación sobre Javier Duarte, contra la orden de aprehensión, incomunicación y orden de traslado.

El juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México determinó sobreseer el juicio 943/2016 promovido por las hermanas Arzate debido a que su situación jurídica cambió al haber sido vinculadas a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El expediente contra las hermanas Peralta forma parte de la investigación de la PGR vinculada a las empresas fantasma que presuntamente benefició Duarte.

Las mujeres reclamaron incomunicación, las órdenes de aprehensión emitidas en su contra y la existencia de órdenes de traslado del centro femenil de Santa Martha Acatitla a cualquier otro fuera de la CDMX.

Debido a que el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio ordenó su vinculación a proceso el 23 de octubre por las acusaciones formuladas en su contra por la PGR, el juez de amparo dejó sin materia el juicio de garantías.

Los delitos que se imputan a las hermanas son graves, por lo que aunque estén sujetas a la normatividad procesal del juicio oral no pueden continuar el proceso en libertad.

Liberan a tres. El juez Cuarto de Distrito de Veracruz otorgó libertad bajo caución a los tres ex funcionarios detenidos el pasado sábado por su probable responsabilidad en la comisión de delitos electorales.

Anselmo Estandía, ex edil suplente de Boca del Río; Felipe Sosa, ex director de Operaciones de Sedesol; y Graciela Tejeda, ex jefa de zona de Sedesol y actual regidora novena del ayuntamiento de Boca del Río, obtuvieron su libertad tras pagar una fianza, cuyo monto no fue dado a conocer.

Los ex funcionarios son señalados por haber condicionado programas sociales durante el gobierno de Duarte. Fuentes federales confirmaron a EL UNIVERSAL que, debido a que los delitos electorales son considerados no graves, los imputados seguirán el proceso penal en su contra en libertad.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) detectó que usaron en los comicios locales de 2013 los padrones de beneficiarios de los programas Oportunidades, 65 y más y Pensión para Adultos Mayores, para dar de alta y beneficiar a personas afines al PRI, y acudieron a domicilios en Boca del Río para ofrecer a los residentes su inclusión en los programas sociales si votaban a favor de este partido.

A los tres se les atribuye haber destinado de manera ilegal servicios a su cargo en marzo y abril de 2013. Están implicados en condicionar la entrega de programas sociales a favor de candidatos de un partido en Boca del Río, hecho que fue grabado y ocasionó la renuncia de Ranulfo Márquez, delegado de Sedesol en ese periodo.