Un grupo de 14 alcaldes del PRD se encerraron, junto con el Secretario de Finanzas de Veracruz, Antonio Gómez Pelegrin, en las oficinas del Secretaría de Gobierno para exigir el pago de participaciones federales atrasadas.
Durante toda la tarde y noche de este viernes, los presidentes municipales y líderes perredistas han difundido que tienen tomadas las oficinas de la Secretaría de Gobierno en Palacio de Gobierno en la ciudad de Xalapa; mientras que autoridades estatales señalan que están en negociaciones.
Los municipes exigen la entrega de más de 300 millones de pesos de distintos fondos que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa les retrasó durante varios meses.
Se trata de dinero del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones Municipales (FAM), Fondo de Caminos y Puentes Federales, Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Obras (Fortafim) y bursatilización.
El coordinador de los alcaldes perredistas y munícipe de San Rafael, Héctor Lagunes Reyes, encabeza el movimiento para permanecer encerrados en las oficinas de Gobierno.
En un audio difundido por voceros perredistas, se escuchó al Secretario de Finanzas explicarles que tenían problemas de liquidez y que sería hasta el lunes cuando podrían hacer las transferencias electrónicas.
Se escucha al funcionario estatal detallarles que aunque existieran recursos, se vería imposibilitado de transferirles por la hora y por atravesarse el fin de semana.
A pesar de ello, los alcaldes anunciaron que no se moverán de dichas oficinas y a través de distintas redes sociales han difundido imagenes del servidor público mientras descansa tras varias horas de estar encerrados.
Los inconformes han anunciado que presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que determine la ilegalidad del desvío de recursos.
"No vamos a parar, si ellos no nos depositan el dinero antes de que concluya su mandato los veremos en la cárcel; veremos a Antonio Gómez Pelegrín en la cárcel".
El alcalde precisó que es probable que aumenten a 25 las denuncias penales contra el Gobierno del estado, pues les deben recursos.
ml
