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Madrid.— La vista judicial para decidir la extradición a México de Diego Cruz Alonso, uno de los cuatro conocidos como Porkys de Costa de Oro se celebró ayer. El presunto copartícipe en un delito de pederastia en Veracruz en 2015, por el que fue detenido hace cuatro meses en Madrid, se acogió a su nacionalidad española para pedir ser juzgado en ese país.
Tres magistrados escucharon los alegatos presentados por el abogado de Cruz Alonso, los emitidos por la fiscalía española y los de un representante de la Procuraduría General de la República. La resolución de los jueces tarda de dos o tres semanas y su resultado suele ser revisado en el pleno de jueces de la Audiencia Nacional. Como última garantía para el reo el consejo de ministros español tiene la potestad de frenar una extradición, aunque es una medida excepcional.
La línea de defensa de Cruz se basó en varios aspectos: en primer lugar, en que posee la nacionalidad española por su abuelo paterno; en segundo, una alegada inconsistencia de la acusación contra él; en tercero, que no existe una proporcionalidad entre los delitos por los que se le acusa en México y las penas que acarrearían en España; en cuarto, las supuestas faltas de la justicia mexicana y las malas condiciones del sistema penitenciario, y en quinto, la alegación de que existe una operación política y mediática en su contra.
Cuestionan argumentos. El magistrado presidente de la sección tercera de la audiencia nacional, Félix Alfonso Guevara, ordenó al abogado de Cruz Alonso que abandonara sus disquisiciones sobre la inconsistencia de las pruebas contra el joven, pues los jueces españoles sólo deben decidir sobre la extradición.
El representante de la procuraduría insistió en que Cruz había utilizado su nacionalidad española [que tampoco dio por probada] “como una acción torticera para eludir la acción legal de México” y ocultarse en España alegando que estudiaría en la Universidad Europea. Sobre estos estudios, por los que Cruz llegó en marzo de 2016, la fiscal española aseguró que solicitó “ser inscrito y participar en el programa Erasmus con el único y exclusivo fin de eludir sus responsabilidades penales en México”.
Rompe en llanto. Al término de la vista, Cruz pidió leer unas palabras que llevaba escritas desde la cárcel de Soto del Real, donde está preso desde el 11 de junio por su alto riesgo de fuga. Denunció que su caso era fruto de “la extorsión de varias personas, entre ellas el padre de la menor”. En su versión, el padre de la joven exigió a los cuatro presuntos autores de la agresión sexual que le pagaran 4 millones de pesos para no denunciarlos.
Luego los encerró en un despacho y los amenazó para que filmaran una falsa confesión. “Agredió físicamente a Gerardo [otro de los acusados]. Nos levantamos y sacó un arma de fuego. Dijo que pusiéramos los teléfonos sobre la mesa y empezó a amenazarnos. Nos obligó a grabar una disculpa que nos negamos al principio”, relató.
Cruz aseguró que su casa pasó a ser vigilada y que tenía miedo de seguir en México. También argumentó que “políticos financiaron el escándalo mediático para distraer” en una etapa de elecciones gubernamentales. En el último tramo de su discurso, Cruz rompió en llanto, guardó el papel en el bolsillo y lo volvieron a esposar.
El joven de 21 años aseguró que abandonó México porque las autoridades no le habían avisado durante ninguna de sus cuatro comparecencias que existían órdenes de limitación de libertad. Según él, durante su estancia en Madrid nunca se enteró de que la policía lo buscaba.
“Yo sólo hacía mi vida normal. Tenía la intención de empezar una visa profesional en España. La situación en mi país es muy lamentable. Hay mucha inseguridad, pocas oportunidades y mucha corrupción”.
Penas en España. De no autorizarse su extradición a México y ser juzgado en España, como solicitó Diego Cruz, el cargo más evidente sería la agresión sexual agravada con violencia y concurrencia de más de un autor, por lo que podrían condenarlo a 15 años de prisión en ese país. También se le podría acusar de abuso a menores, que podrían ser unos seis años al ser la víctima mayor de 16, pero podrían sumársele agravantes por violencia o acción en grupo. Cruz en un momento introdujo los dedos en la vagina de la menor en el coche; luego, en el baño de la casa, contempló y ayudó a que la violaran. De serle negada la extradición, el ministerio fiscal español deberá iniciar una investigación y determinar las acusaciones en su contra.
