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Hermosillo.— El procurador General de Justicia de Sonora, Rodolfo Montes de Oca, anunció que solicitarán que se le imponga la pena máxima que contempla la ley, a Vladimir Arzate Carbajal, detenido el 27 de septiembre, al ejecutarse una orden de aprehensión por delito de tráfico de menores.
La pasada administración estatal entregó una investigación incompleta sobre el caso de compra-venta de niños, ocurrida en la administración del ex gobernador Guillermo Padrés (2009-2015), a través de funcionarios del DIF Sonora.
Los menores eran hijos de madres vulnerables, drogadictas y jornaleras, que bajo amenazas eran obligadas a firmar que no los querían.
La procuraduría sólo armó 10 expedientes de menores que fueron entregados a padres sustitutos que pagaron entre 80 mil y 150 mil pesos, en caso de ser mexicanos, en tanto que los extranjeros pagaban hasta 20 mil dólares por niños que registraban como propios.
El fiscal informó que elementos de la Policía Estatal Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora (PGJE) ejecutaron orden de aprehensión en contra Arzate Carbajal, sobre quien pesa la acusación de Sustracción y Tráfico de Menores y otros delitos relacionados. La detención se realizó en las inmediaciones de un rancho que se ubica entre las ciudades de Naco y Agua Prieta.
El procurador indicó que la sustracción y tráfico de menores es delito grave, por lo que Vladimir Arzate Carbajal deberá enfrentar su proceso penal en prisión, cuya sanción se prevé entre 15 y 50 años de prisión, pero al ser un tema de alto impacto y sensible para los sonorenses, la institución a su cargo solicitará al juez se aplique la pena máxima.
Recordó que la Procuraduría General de la República (PGR) ejerció su facultad de atracción en este caso, y es esta dependencia federal la que dirige las investigaciones, pero quedaron pendientes de ejecutar tres órdenes de aprehensión, de las cuales ya se ejecutaron dos, dijo, correspondientes a Arzate Carbajal y Emma Consuelo Falcón, capturada hace dos meses, por lo que sólo queda pendiente el arresto de José Manuel Hernández López.
Por este delito, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) logró documentar 18 casos de menores que fueron entregados por dinero, uno de ellos podría estar en Utah, Estados Unidos, dijo en 2015, el actual Ombudsman, Raúl Ramírez, al denunciar que esta red de tráfico de menores tiene ramificaciones en otros municipios del estado.
La Procuraduría General de Justicia giró 16 órdenes de aprehensión, dos en contra de Vladimir Alfredo Arzate Carbajal y José Manuel Hernández López, el resto contra padres sustitutos.
Además, hubo tres niños recuperados por la procuraduría estatal y ocho padres sustitutos detenidos, quienes después fueron liberados y les regresaron a los bebés.
