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Hermosillo.— Acompañado por activistas, el padre Alejandro Solalinde pidió al Congreso del estado que se declare zona de desastre al río Sonora, por las severas consecuencias del derrame de metales venenosos por parte de Grupo México el 6 de agosto de 2014.
En una visita por el estado, se reunió con padres de la guardería ABC, afectados del daño en el afluente, grupos defensores de los derechos humanos y organizaciones sindicales.
Por la mañana, ofreció la conferencia “Retos de México y el rescate del río Sonora” en la Universidad de Sonora, donde también habló del polémico tema del matrimonio igualitario, en el contexto de lo que llamó la discriminación en torno a la diversidad sexual.
“Lo que Sonora necesita es una consulta ciudadana y una organización civil, hasta el momento sólo existe una agrupación magisterial auténtica que es la que vela por los mexicanos”, expresó al referirse al movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Solalinde dijo que en el estado ha encontrado muchos problemas, por lo que es urgente una consulta ciudadana.
El religioso fue atendido por el presidente del Congreso, Jorge Luis Márquez, y legisladores de la Comisión del río Sonora, donde entregó una petición para que se realice una consulta pública a los habitantes de los 72 municipios del estado, sobre la permanencia, expansión y castigo a Grupo México.
Anunció que se realizará una demanda ante la Corte Penal Internacional para que juzgue a los gobernantes actuales por negligencia de omisión, a los legisladores y a los propietarios, por el daño que el derrame provoca al medio ambiente y la integridad física de los habitantes de las poblaciones afectadas.
La contaminación del río Sonora es un ecocidio, es imperdonable, por lo que debe ser considerado como un crimen de lesa humanidad, calificó.
Representantes de los afectados y el sacerdote entregaron un pliego petitorio a los representantes del Congreso, a fin de que en marzo de 2017 se realice una consulta que determine la revocación de la concesión a Grupo México.
Los manifestantes que acompañaban al clérigo solicitaron una sesión legislativa fuera del recinto. “Quiero que analicen una cosa, ustedes son la voz del pueblo, no creo que se viole ninguna normatividad si el representante y los representados se unen”, dijo el sacerdote ante las demandas de los asistentes.
Pobladores perjudicados por la contaminación que provocó Grupo México con el derrame de 40 millones de metros cúbicos de metales venenosos a los ríos Bacanuchi y Sonora, reclamaron a los representantes populares que el problema está en el gobierno, ya que existe ocultamiento de información de la gran catrástrofe.
En la reunión del Congreso, el diputado Javier Dagnino Escobosa, secretario de la Comisión del río Sonora, dijo al padre Alejandro Solalinde y habitantes de la región afectada que el grupo parlamentario del PAN tiene el firme compromiso de impulsar las acciones necesarias para resolver las problemáticas de salud y ecológica que derivan del derrame de metales que provocó Grupo México.
