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El Congreso local solicitó al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, autorice para el 29 de septiembre, las comparecencias del subprocurador anticorrupción, Ernesto Canales Santos, y de la contadora estatal, Nora Elia Cantú, para que expliquen detalladamente, sobre la investigación que realizaron por la compra de 200 mil cobijas al triple de su valor, caso que se resolvió con una simple multa de siete mil pesos para el subsecretario de Administración, Rogelio Benavides Pintos.
La diputada panista, Eustolia Yanira Gómez, presidenta de la Comisión Anticorrupción de la 74 Legislatura, quien presentó la propuesta, señaló que en México y Nuevo León la gente se siente agraviada y cansada por los malos gobiernos, corrupción rampante, impunidad y falta de justicia.
En la entidad, dijo la legisladora, hemos sido víctimas de malas administraciones, compadrazgos y el robo de las arcas públicas a diestra y siniestra, por lo cual en 2015, la ciudadanía eligió un gobierno independiente que “desafortunadamente resultó más de lo mismo”.
Mencionó que Jaime Rodríguez prometió muchas cosas, pero a casi un año de gestión, los ciudadanos siguen esperando que cumpla su palabra, sobre todo ante lo que dijo al tomar posesión, al señalar que con su arribo al poder, se les acabaría la fiesta a los bandidos; “pero nos damos cuenta que la fiesta de los bandidos continúa, y que muchos de ellos son sus amigos que lo ayudaron desde su campaña”.
Recordó que El Bronco prometió que castigaría las corruptelas de Rodrigo Medina y su equipo de trabajo “y es fecha que todo se ha quedado en un triste show mediático en donde el ex mandatario las ha ganado de todas, todas…”
Pero además de no cumplir su palabra en castigar la corrupción del sexenio pasado, dijo la legisladora, la situación va de mal en peor, pues en su propio equipo de gobierno se han detectado varios casos de corruptelas que permanecen sin castigo.
“Allí está el caso del helicóptero que se rentaba con sobrecosto, los funcionarios que dobletean sus salarios en gobierno y en la Universidad Autónoma de Nuevo León”, y el caso aún más grave, la compra de 200 mil cobertores al triple de su precio en el mercado, que continúa impune, y se “resolvió”, por la Contraloría, con una multa de siete mil pesos para el principal funcionario involucrado Rogelio Benavides Pintos, y una negociación con la comercializadora Mirof, para que entregue sin costo 60 mil cobertores, a fin de evitar que se le persiga penalmente.
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