La Comisión de Derechos Humanos (CDH) Morelos promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra el Congreso de Morelos por suprimir la figura de revocación de mandato, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la rendición de cuentas como un derecho del colectivo social.
Jorge Arturo Olivares Brito, comisionado de Derechos Humanos en el estado, también informó que reformas del Legislativo morelense, publicadas en el Periódico Oficial Tierra y Libertad en julio pasado, podrían estribar en violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía.
Con esas reformas en materia de participación ciudadana, dijo Olivares Brito, el Congreso de Morelos pretende facultar al Poder Legislativo para que solicite el inicio de procesos de participación ciudadana, dejando de lado la posibilidad de acceder a estos mecanismos a través de un Consejo de Participación Ciudadana que esté integrado por la misma población civil.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida en los plazos estipulados y admitida por la SCNJ en la segunda mitad del mes de agosto del presente año, bajo el número 68/2016, misma que se encuentra en pleno del máximo tribunal de México, con el objetivo de invalidar las reformas citadas y salvaguardad las libertades ya conquistadas por la ciudadanía, dijo Olivares Brito.
El ombudsman morelense afirmó que “este organismo pone énfasis en el respeto al artículo 39 de nuestra carta magna el cual establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene derecho en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno”.
De acuerdo con Olivares Brito las reformas a la constitución del estado de Morelos, advierten la violación a los derechos fundamentales de derecho a la seguridad jurídica y a los principios de progresividad de los derechos humanos, de supremacía constitucional, de soberanía popular, derecho a la participación ciudadana y el principio pro persona.
Precisó que además se violentan los tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, mismos que a partir de las reformas de 2011 adquieren un carácter constitucional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Carta Democrática Interamericana.
afcl
