Buscan evitar que presunto feminicida sea liberado

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En julio de 2014, después de haber sido detenido, Filiberto Hernández Martínez confesó cómo secuestró, violó y asfixió a Eliehoenai Chávez y a cuatro niñas más. Detalló que arrojó los cuerpos cerca de los cañaverales de Ciudad Valles y pidió perdón por asesinar a Adriana Martínez, una menor de 13 años.

Sin embargo, sus confesiones han sido insuficientes para mostrar la responsabilidad de Filiberto, aunado a las nulas investigaciones en el caso. Tras dos años de juicio, los familiares de las víctimas se enteraron de que el sujeto fue absuelto de un asesinato y que podría quedar en libertad.

El municipio de Tamuín cuenta con 36 mil habitantes; la desaparición de niñas y mujeres alertó a la población desde 2011.

Rosa María Sánchez fue la primera víctima reconocida: desapareció en 2010 y tenía 12 años; a ella le siguió Adriana Martínez en mayo de 2014, tenía 13 años; después Itzel Romany Castillo en enero de 2013, tenía 13 años, y Dulce Jimena Reyes, quien se perdió en abril de 2014. Sólo Eliehoenai Chávez era adulta: tenía 32 años cuando desapareció después de salir de su trabajo, en mayo de 2014.

Filiberto cambió su versión, después de cuatro días de la primera confesión. Dijo haber sido torturado para confesar y alegó que era un “chivo expiatorio” que las autoridades utilizaban por su incompetencia para resolver los crímenes.

Apenas hace una semana, Sandra Campuzano se enteró de que Filiberto fue absuelto por el asesinato de su hija Adriana. A pesar de que representa una violación a sus derechos como implicada y víctima, el Juzgado Primero de lo Penal en ciudad Valles no le notificó que en diciembre de 2015 decidieron absolver al hombre, por ello pidió a la Comisión de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí iniciar una queja por estas anomalías y también exigió que se le entregara una copia del expediente.

“Indagaron mi vida privada”. Sandra está convencida de que Filiberto asesinó a su hija, pues varios compañeros de la secundaria a donde asistía le confiaron que la niña vivió atemorizada las últimas semanas, porque el ex militar la acosaba en la calle, mientras ella recolectaba dinero porque quería ser la reina de belleza en su escuela. Sandra supone que Adriana le ocultó estos hechos para que no le impidiera salir.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la mujer aseguró que, lejos de investigar dichas pistas, las autoridades solamente se avocaron a cuestionar e investigar su vida privada:

“Puras cochinadas que inventaron. No puedo creer que mi expediente sea de casi un metro de altura, son unos tomos grandísimos. Y en todo eso no viene una sola hoja de que hay pruebas y testigos de que él mató a mi hija. Se basan en puras mentiras, en mi vida privada que investigaron”.

La detención de Filiberto se logró gracias a las investigaciones de los familiares de las víctimas; varios sabían que el hombre de 43 años, quien había sido militar y en Tamuín, se dedicó a coordinar clases de catecismo, Taekwondo y zumba, en las que acosó a cada una de las víctimas.

Guadalupe Chávez, papá de Eliehoenai, dice que Filiberto se convirtió en su principal sospechoso porque semanas antes intentó violar a su hija. Guadalupe dice que Eliehoenai vivía temerosa: “Pensamos que estaba borracho y que no se repetiría, por eso no denunciamos”.

Pero tras la desaparición, el cuñado de Eliehoenai se dedicó a investigar al ex militar. Solicitó los videos de vigilancia de la maquiladora donde trabajaba la joven y ahí logró identificar la camioneta propiedad del sujeto, que circuló tras la joven.

Filiberto fue detenido tras ser identificado por la familia de Eliehoenai, pero tras la revisión de los expedientes se enteraron de que ni el ministerio público de Tamuín ni el Centro de Atención a Víctimas de San Luis Potosí, a quienes las familias cedieron los derechos para su representación legal, han aportado más pruebas que la confesión del exmilitar.

Ante el temor de que Filiberto sea absuelto de todos sus crímenes, viajaron a la Ciudad de México, en donde esperan denunciar a nivel nacional. David Peña, su nuevo abogado, explica que buscarán ampararse ante la absolución del asesinato de Adriana, y exigirán los peritajes y entrevistas que han sido anulados.