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El gobierno federal lanzó un “ultimátum” al magisterio disidente en la entidad para que acepten que en Chiapas “se suspenda” la aplicación de la reforma educativa hasta el 8 de diciembre de 2018, a cambio de que regresen a las aulas, revelaron fuentes de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Indicaron que en la más reciente reunión, funcionarios federales les dijeron que el compromiso gubernamental es que si suspenden el paro, iniciado el 15 de mayo, y regresan a clases “podemos seguir platicando sobre los temas que faltan por resolver, pero si no todo se va a la chin…”
Y que ante la propuesta los maestros “sólo escuchamos, no hicimos ningún compromiso, pero les dijimos que, en todo caso, no nos pongan la pistola en la cabeza, que respeten nuestros mecanismos y métodos de información y toma de decisiones”.
La fuentes comentaron que “la decisión de regresar a clases o no la toman las bases, por lo que dijeron que van a esperar pero que no hay más tiempo”.
Por esta razón y en este contexto las autoridades federales enviaron “miles de policías federales” a Chiapas; “amenazan con ejecutar las órdenes de aprehensión y una serie de presiones en contra del movimiento magisterial y popular para, en su lógica, aflojar y que aceptemos sus planteamientos; están haciendo como hacían durante los diálogos de San Andrés”, afirmaron.
Señalaron que el gobierno federal les precisó que respecto a estudiantes normalistas no pueden cancelar el examen de oposición, pero les proponen que si aceptan podrán posponerlo al 25 de octubre, y quienes lo aprueben ocuparían una plaza de base, pero quienes no, tendrían una beca de 7 mil pesos por tres meses.
Y que, según el planteamiento, éstos “no trabajarían sino que recibirían la beca para que se capaciten y luego presenten la evaluación otra vez y, así poco a poco, los irían metiendo. Los que van pasando van dejando la beca e incorporando al servicio y los que no seguirían becados para que sigan la capacitación”, detallaron.
Agregaron que los funcionarios federales que realizaron la propuesta “no lo pueden hacer por escrito, sólo verbal, y sería nada más para normalistas que están movilizados”.
Ante la exigencia de abrogación de la reforma educativa, funcionarios de la Secretaría de Gobernación les propusieron la suspensión de ésta. “Se suspendería de facto sólo en Chiapas durante el tiempo que dure la administración de Manuel Velasco Coello”, es decir, hasta el 8 de diciembre de 2018, subrayaron.
Las fuentes de la Sección 7 abundaron que, incluso les aseguraron que al aceptar la propuesta, se desactivarían las órdenes de aprehensión y se “limpiaría” el expediente. Ahí mismo en la mesa me pasaron la orden de aprehensión en mi contra, que tiene la Procuraduría General de la República, enfatizó.
Mientras que en el rubro de infraestructura educativa, el gobierno planteó que la disidencia adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) envíe la lista de las escuelas que necesitan mantenimiento o mejoramiento para que intervengan.
Respecto a los salarios dijeron que no habría descuentos, que se realizarán los pagos correspondientes. En el caso de los integrantes del comité seccional hay dos alternativas de pago, expusieron.
Una de éstas es que aparezcan “emplantillados” en algunas dependencias de la Secretaría de Educación Estatal aunque sigan como dirigentes sindicales; la segunda que les pague el sindicato, refirió Mendoza Vázquez, pero “es claro que no lo vamos a aceptar, aunque todo esto va a la valoración de la asamblea estatal permanente”, dijeron.
Sin embargo, advirtieron que una vez lanzadas las propuestas pretenden obligar que el magisterio disidente “acepte con la pistola en la cabeza porque ya enviaron a las fuerzas federales y están preparándose para activar todo contra nosotros”.
