Más Información
Monterrey.— Samara Pérez Muñiz, vocera de los deudos del Casino Royale, denunció que el permiso de Gobernación 4117, con el que funcionaba la casa de apuestas, sigue operando en 18 casinos del país, no obstante que el presidente Enrique Peña Nieto decretó que para cada centro de apuestas debería existir un permiso, para tener a un responsable en caso de cualquier hecho como el ocurrido en Monterrey en 2011.
Recordó que en el caso del Royale había cinco empresas inmiscuidas y no se pudo establecer a una persona que tuviera que responder por la reparación de daño. Los deudos tuvieron que ampararse en un seguro con montos irrisorios, que ni siquiera pueden mencionar, so pena de ser llevados a la cárcel por una cláusula que les hicieron firmar.
El hecho es que la misma casa de apuestas tenía un seguro para proteger sus bienes muebles que era 12 veces la cifra que correspondió a las indemnizaciones, “porque la máxima de estos negocios es la casa siempre gana”, dijo. Es más, siguen rentando el terreno donde hay una sucursal bancaria y funciona como estacionamiento privado el área que era para los clientes.
La vocera lamentó que el gobierno estatal de última hora organizara una ceremonia luctuosa, sin avisar a las familias.
Acto exprés. A cinco años del ataque al casino Royale ya no hubo marchas de la sociedad civil para exigir justicia; el gobierno estatal, de última hora, y sin presencia de los deudos, organizó una ceremonia luctuosa, a un lado del memorial erigido hace dos años en el camellón, frente al edificio en ruinas.
Por la tarde familiares de las víctimas celebraron una misa en la iglesia de Fátima en el municipio de San Pedro, ya no como en años anteriores en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, a unos 300 metros del sitio.
A la hora que arribó el secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, para realizar el acto en memoria de los fallecidos, los trabajos de reparación del memorial —que fue destruido el pasado mes de marzo por un accidente vial— estaban inconclusos; junto al pequeño monumento, quedaron apilados bultos de arena, bolsas de cemento, blocks de concreto y las herramientas de los albañiles.
Entrevistado después de realizar una guardia luctuosa, González Flores declaró: “como gobierno del estado, apenas estamos retomando la gestoría que años atrás se llevó a cabo por otros gobiernos ya sea estatales o municipales”.
Hasta el momento, alrededor de 30 familias llevadas por la necesidad económica, han recibido una indemnización global de 3.1 millones de pesos, y 19 decidieron no cobrar cerca 1.9 millones de pesos.
Además, a los deudos de dos trabajadores del casino, presuntamente la aseguradora Axa, les niega la indemnización con el argumento de que no tienen personalidad jurídica. Y es que hubo casos como el del joven, Rubén Morales Castillo, entonces de apenas 19 años de edad, quien según su madre, María Guadalupe Castillo Lázaro, al momento de la tragedia estaba en su primer día y primera hora de trabajo.
Los familiares de las víctimas, se han quejado por otra parte, de la falta de información de las autoridades sobre el estatus de las personas sometidas a proceso, y ni siquiera tienen certeza sobre el número exacto de implicados, les manejado de 18 hasta 33.
En abril pasado, la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, dio a conocer la detención de Jesús Alejandro García Castillo, El Gato, quien sería “el último implicado” en la matanza. Además, entre los detenidos, está Carlos Oliva Castillo, quien de ser señalado como uno de los principales presuntos responsables del ataque, se convirtió en testigo protegido de la PGR. En abril de 2012, la Sedena informó sobre la muerte de Francisco Medina Mejía, El Quemado, considerado autor intelectual del ataque, abatido en Nuevo Laredo.
