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Con la finalidad de que se investiguen y castiguen el desvío de recursos públicos del 2013 al 2016 en el municipio de Soldaridad, la afectación de participaciones federales, así como la contratación irregular de un crédito por mil 30 millones de pesos, que colocará a su gobierno en un grave problema de operación, la presidenta municipal electa, Cristina Torres Gómez, presentará esta semana una serie de denuncias en contra del ex alcalde Mauricio Góngora y del actual edil, Rafael Castro.
Torres Gómez, quien en octubre próximo se convertirá en la primer mujer en presidir el ayuntamiento de Solidaridad y la primera elegida para sacar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) del poder, ha venido promoviendo diversos recursos jurídicos para frenar la aprobación del refinanciamiento de la deuda pública y, en paralelo, buscar que se finquen responsabilidades ante los presuntos desvíos millonarios de las arcas públicas.
En los próximos días, la edil electa, presentará un cuarteto de denuncias ante la Auditoria Superior de la Federación (ASF), sobre presuntos actos ilegales, responsabilidad de Góngora Escalante y Castro Castro.
Una de dichas denuncias se refiere a la contratación del crédito por mil 030 millones de pesos, firmado entre el ayuntamiento actualmente presidido por Rafael Castro y Bansi, institución de banca múltiple.
La contratación de ese crédito -que tiene como antecedente la aprobación en Cabildo en junio pasado y luego el aval del Congreso del estado, como parte del llamado “paquete de impunidad”- se realizó violentando la limitación constitucional a que se refiere el artículo 117 de la Carta Magna.
La fracción VII de dicho artículo establecen que los municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, que éstas deben liquidarse a más tardar tres meses antes de que culmine el periodo de gobierno correspondiente y que “no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses”.
El gobierno de Solidaridad refinanció 250 millones de pesos, correspondientes a su deuda de corto plazo, bajo el argumento de volverlo adeudo de largo plazo, lo que sumado a los 780 millones de deuda, dan los mil 030 millones de pesos.
Sin embargo, lo aprobado por el Congreso fue la contratación de un nuevo crédito por ese monto, los mil 030 millones de pesos, para lo cual un Comité Financiero para la Evaluación del Crédito del municipio –creado en fast track- adjudicó el financiamiento -directamente, sin licitación- a Bansi, con un plazo a 20 años y con destino a inversión público-productiva, que tampoco se ha especificado.
Para el equipo legal de la alcaldesa, tanto lo autorizado por el ayuntamiento, como por la Legislatura y la adjudicación hecha por un comité a modo violan diversas disposiciones, incluido el último párrafo del artículo 117 de la Constitución.
Para evitar que el financiamiento sea inscrito en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de entidades federativas y municipios, Torres Gómez denunció la situación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCyP), pidiendo la no inscripción, al exponer las diversas irregularidades antes descritas.
La respuesta de Marcela Andrade, titular de la Unidad de Coordinación con entidades federativas, de Hacienda, fue solicitar al ayuntamiento de Solidaridad, vía oficio, información adicional respecto al crédito.
La funcionaria partió de que no se especifica el destino que se dará a los mil 030 millones; el procedimiento de contratación no fue resultado de una licitación pública que garantice las mejores condiciones para el municipio, como lo establece el artículo 29 de la Ley de Disciplina Financiera; y la aprobación del Congreso carece de un documento técnico que soporte la capacidad del municipio para contratar obligaciones en los términos autorizados.
El alcalde Rafael Castro debe subsanar la información solicitada por Hacienda la semana próxima, de acuerdo con el plazo que le fue marcado.
Desvío de recursos del 2013 al 2016
Otra de las denuncias que interpondrá la presidenta municipal electa, se refiere al presunto desvío de participaciones federales entregadas durante los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 y 2016, es decir, durante la administración de Mauricio Góngora, quien este año renunció al cargo para contender como candidato del PRI-PVEM-Panal, a la gubernatura del estado, dejando en su lugar a Rafael Castro. La denuncia incluirá al tesorero, Gabriel Castro Cárdenas.
La alcaldesa expone que los funcionarios municipales cometieron “evidentes violaciones” en la contratación de arrendamientos financieros y línea de factoraje, al no darles el tratamiento de deuda pública”.
Conforme a información del propio municipio, figuran al 31 de mayo de 2015, créditos contratos de “Cadenas productivas”, “Líneas de Factoraje” o de “Arrendamiento Financiero”.
La Auditoria Superior del estado no observó que en el contrato HAS/OM/RP/ARRP/2013, fechado el 19 de ese año, Góngora Escalante arrendó a “Integradora de Apoyo Municipal”, SOFOM ENR, 41 patrullas por un monto de 47 millones 941 mil 283.64 pesos, comprometiendo las participaciones federales del Ramo 28 como fuente de pago.
El entonces edil, su Oficial Mayor –Rafael Castro- y el tesorero, Gabriel Castro, comprometieron las participaciones federales sin contar con la aprobación del Cabildo, del Congreso y sin que esa obligación, se inscribiese en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Hacienda.
“Resulta evidente que el señor Mauricio Góngora Escalante, siendo en ese entonces presidente municipal, afectó de manera unilateral participaciones federales sin contar con la autorización debida, lo que implica que el manejo, aplicación o custodia de esos recursos públicos resulta irregular en franca violación a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal”, se indica, para agregar que procede que la Auditoria Superior de la Federación revise la gestión financiera municipal de 2013 al 2016.
afcl
