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La marcha por la “Seguridad, la Justicia y la Dignidad por Morelos” partió desde el campus de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), dirigida por el rector Alejandro Vera Jiménez y ambientada por la Banda de Tlayacapan, para protestar por los niveles de inseguridad pública, las reformas a leyes de transportes y del Instituto de Crédito, así como contra los gasoductos y plantas termoeléctricas en el estado.
Otros contingentes de protesta se reúnen en la parte oriente y sur del estado, en su mayoría transportistas, que bloquean los principales tramos viales e impiden el tránsito hacia el zócalo de Cuernavaca.
También acude un grupo menor de maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que exigen la abrogación de la reforma educativa.
Desde temprano, el primer cuadro de la ciudad lució vació, sin tránsito, ante los rumores de que la marcha sería violenta. Para contrarrestar el ambiente de zozobra, algunas rutas del transporte público ofrecieron servicio gratuito hasta las 10:00 horas.
Al rector lo siguen en esta marcha personal académico y administrativo de todas las facultades, así como trabajadores sindicalizados, y su principal asesor Javier Sicilia, representante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, eslogan similar al que usaron para esta protesta.
El objetivo de la marcha, dijo el rector, es buscar un puente de interlocución con el gobierno federal y reconstruir el gobierno estatal, toda vez que hay fallas en materia de seguridad pública, violaciones a los derechos humanos de grupos indígenas y a los derechos laborales luego de las reformas a la Ley del Instituto de Crédito y a la del Transporte Público.
Ayer el gobierno estatal divulgó que de acuerdo con la coordinadora nacional antisecuestros, Patricia Bugarín Gutiérrez, Morelos ha tenido un descenso “impresionante” en cuanto al caso de privación ilegal de la libertad.
El Comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella, también declaró que antes de su llegada se registraban hasta 20 secuestros mensuales y esa cifra se redujo a dos o tres privaciones ilegales de la libertad.
spb
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