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Culiacán.— Luego de que un paciente fue asesinado este domingo, el secretario de Salud estatal, Ernesto Echeverría Aispuro, consideró que los heridos de bala en hechos de violencia deben ser internados para su atención en hospitales militares, donde se cuenta con una seguridad rigurosa, y se evite con ello que sean rematados mientras convalecen.
Admitió que personal médico, enfermeras y administrativos de los hospitales del sector salud laboran bajo presión y una tensión continua por los actos de violencia.
La declaración surgió tras los hechos de la madrugada de ayer, cuando Hernán Alexis “N”, de 16 años, fue rematado por dos hombres armados que ingresaron al hospital donde convalecía de heridas de bala.
En el reporte se indicó que la agresión se perpetró en el área de recuperación, luego de que los sujetos ingresaron por urgencias y se desplazaron hasta donde estaba el menor.
Los atacantes sometieron al guardia que custodiaba al joven y lo despojaron de su arma de cargo, para después dirigirse a la cama y dispararle en tres ocasiones.
De acuerdo con el expediente, el pasado miércoles la víctima, en compañía de su madre, fue atacado a tiros por los ocupantes de una camioneta; él fue trasladado al hospital general y ella a una clínica particular.
El funcionario dijo que el tema de la seguridad de los hospitales no se puede resolver con presencia de agentes de policía armados, pues ello implica más riesgo para personal y pacientes.
Comentó que solicitar que se asignen más agentes armados para el resguardo de pacientes que ingresen a los hospitales con heridas de arma de fuego lo único que puede propiciar es que se registre un enfrentamiento.
Subrayó el caso que ocurrió la madrugada de este domingo y recordó que el 30 de junio, en el hospital general de Mazatlán, hombres armados se introdujeron hasta terapia intensiva y remataron a Inés Tiburcio en presencia de su madre y el agente de la policía que lo custodiaba.
La víctima había ingresado siete días antes, con una herida de bala en un ojo que sufrió durante un enfrentamiento en el estacionamiento de un expendio de combustible, en la cabecera municipal de Cosalá.
En esos hechos, cuatro personas que portaban armas largas fueron halladas muertas al interior de una camioneta; entre las víctimas fue identificado Juan Carlos Mariscal, el Güero 90, jefe de una célula del Cártel del Pacífico.
