El presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo, Pedro Flota, dijo que la legislatura no cometió “ningún exceso” al aprobar diversas modificaciones a la Constitución estatal.
Por iniciativa del gobernador del estado, Roberto Borge, el Congreso del estado aprobó en un reciente periodo extraordinario, algunos decretos del paquete legislativo que la gente bautizó como “paquete de la impunidad”, en el entendido de que busca blindar la salida del mandatario, al término de la administración.
Entre lo aprobado por la Legislatura –en sesiones privadas, a puerta cerrada y en hoteles de Cancún- está la calificación de cuentas públicas, la creación de la figura de la Fiscalía General, el nombramiento de un Auditor y el refinanciamiento de la deuda pública del gobierno de Solidaridad, por mil 030 millones de pesos.
También, la designación de consejeros del Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto de Transparencia y de magistrados del Tribunal de Justicia; el otorgamiento de escoltas por 15 años a Borge Angulo y a su familia; y la creación del Tribunal de Justicia Administrativa, junto con la designación de sus magistrados.
En entrevista, el diputado dijo que, conforme a la información que dio a conocer la Presidencia de la República, respecto a la acción de inconstitucionalidad que instruyó iniciar a través de la Procuraduría General de la República (PGR), ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN), a Quintana Roo sólo le tocaría la revisión sobre las atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa.
“Lo que sabemos entonces, a reserva de recibir la notificación oficial, es que para el caso de Quintana Roo se impugna la creación del Tribunal de Justicia Administrativa, en la porción que se refiere a las facultades otorgadas a los magistrados para imponer sanciones a servidores públicos en materia Anticorrupción.
“La verdad, nosotros consideramos que no nos hemos excedido; obviamente estaremos entonces en posición de aclarar esto a la PGR que, entiendo, es quien se va a encargar de la acción de inconstitucionalidad, para que en caso de Quintana Roo tengan claro qué es lo que hicimos. no suponer lo que estamos haciendo”, declaró.
De prosperar el recurso promovido por la Procuraduría, al no haberse fundamentado correctamente lo aprobado o si se determina que en efecto hubo un exceso de las y los legisladores, Flota Alcocer indicó que “se hará la corrección que se tenga que hacer”.
“Nosotros no legislamos en ningún punto sobre materia Anticorrupción; es posible que en las facultades que les otorgamos a los magistrados contengan las facultades que de alguna manera van a venir contenidas en la Ley Nacional Anticorrupción, pero esa ley no ha sido expedida.
“Es decir, nosotros no tenemos un parámetro para saber si nos excedimos o no, esa es una de las razones que vamos a esgrimir”, adelantó.
Los otros elementos del paquete legislativo no sería objeto de la acción de inconstitucionalidad, debido a que forman parte de las competencias y facultades del Congreso, argumentó Pedro Flota.
“No nos han impugnado el nombramiento de magistrados; no nos han impugnado la creación de la Fiscalía, el nombramiento del Auditor Superior; la aprobación de las cuentas públicas… no nos han impugnado otras cosas”, sostuvo.
Citó que ante la renuncia del auditor superior del estado, Emiliano Novelo, el 14 de junio, faltando nueve meses para concluir su encargo, la Legislatura se vio forzada a dar nombramiento a un nuevo auditor que, entre otras cosas, se encargase de la calificación de las cuentas públicas, antes de septiembre en que se vence el plazo para ser aprobadas por el Congreso.
Novelo dejó 31 cuentas calificadas, que fueron las aprobadas por el Congreso; el nuevo auditor, Javier Zetina González –primo del ex gobernador, Félix González Canto y del gobernador electo, Carlos Joaquín- se encargará de la integración del resto.
La figura de la Fiscalía General, forma parte del cumplimiento del nuevo sistema de Justicia Penal; la aprobación de las cuentas públicas debía suceder antes del 5 de septiembre; en el caso de los magistrados del Tribunal Superior, no se crearon nuevos espacios, sino se cubrió a quienes debieron haber terminado su periodo de funciones entre octubre y noviembre del 2015, pero se mantuvieron al acercarse el proceso electoral, explicó.
“A partir de la armonización del Sistema de Justicia Penal, desaparece el Tribunal de lo Contencioso y se crea como parte de esa armonización, el Tribunal de Justicia Administrativa, que es el tema de esta acción de inconstitucionalidad”, ahondó.
Cuestionado sobre cómo toman que sea la Presidencia la que inicie este tipo de acciones sobre actos del Congreso estatal, respondió que lo encuentro “perfectamente natural; no le veo un tema de preocupación; entiendo que se busca es preservar el orden constitucional” y manifestó que si se concluye que hubo exceso o falta, “tendremos la oportunidad de argumentar, defender o allanarnos a lo que se concluya y acatar el fallo”.
A pregunta expresa de si se trata de un mensaje político o un indicativo de que el Congreso no ha legislado correctamente en algunos temas, como la Ley de Protección a Periodistas o la Ley de Trata de Personas, por ejemplo, que fueron igualmente impugnadas ante la Suprema Corte, que instruyó corregir algunos de sus artículos, señaló que no comparte dicha lectura.
“Lo que veo es el resguardo del orden Constitucional; que luego politólogos, analistas, políticos le den otras connotaciones, le den otras lecturas, están en todo su derecho, pero esto es una acción de técnica jurídica que tendrá que dilucidarse y en la cual nosotros también tendremos posibilidad de explicar.
“No somos hombres y mujeres perfectos, los 25 diputados; pero bueno, yo esperaría que veamos en qué termina este caso; si tuvimos la razón o no la tuvimos, si nos equivocamos, corregiremos lo que tengamos que corregir”, señaló, al pedir hacer un balance de todo lo legislado correctamente en tres años, contra lo hecho mal.
Añadió, ante las criticas de diputados de oposición, en torno a que antes de la votación del pleno del Congreso, se les ocultó el contenido de los temas a tratar, que posee los acuses de recibo de las y los legisladores, y de sus asistentes, de que recibieron toda la información en tiempo y forma.
