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Saltillo.— La Procuraduría General de Justicia del Estado cumplimentó cinco órdenes de aprehensión en contra de igual número de individuos, acusados de matar y calcinar a por lo menos siete personas al interior del penal de Piedras Negras, de diciembre de 2009 a enero de 2012.
A los cinco detenidos, miembros de la banda de Los Zetas al interior del penal, se les incrimina por el delito de desaparición forzada de siete personas, asesinadas e incineradas por orden de Ramón Burciaga Magallanes, para luego tirarlas en el río Rodrigo, ya que podían entrar y salir del penal, como se ha dado a conocer.
Los detenidos y tiraron las cenizas de sus víctimas en el río, por la carretera La Ribereña, Piedras Negras- Acuña, a unos 30 kilómetros de distancia, frente al ejido El Moral.
Sin embargo, el número de víctimas ejecutadas podría ser de 150.
“La investigación sigue abierta y se continúan realizando diligencias para dar con el paradero de más personas que tienen reporte de desaparición y que, de acuerdo con testimonios, fueron trasladadas a ese centro penitenciario para privarlas de la vida”, informó el encargado de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas y no Localizadas, José Ángel Herrera, en conferencia de prensa, en la que estuvo presente el procurador de Justicia, Homero Ramos Gloria, pero no se permitieron preguntas.
Durante el operativo denominado Búsqueda en Vida, efectuado entre enero y febrero de 2014 en la zona norte del estado y en esa cárcel, la PGJE también corroboró que este grupo mantenía un autogobierno en el penal, refirió Herrera.
En el reclusorio, los reos transformaban la carrocería de automóviles y camionetas, y confeccionaban uniformes apócrifos (de la policía y del Ejército) que usaban para actividades delictivas fuera del penal.
Las órdenes de arresto, obsequiadas por el delito de desaparición forzada en perjuicio de siete víctimas, son contra Manuel Elguezabal Hernández, Santiago Peralta García, David Alejandro Loreto Mejorado, Francisco Javier Vélez y Ramón Burciaga Magallanes. Todos ellos detenidos, aunque no se informó de dónde son originarios ni los delitos que compurgan.
Herrera detalló que personal de la subprocuraduría entrevistó a 138 internos y recabó 42 declaraciones testimoniales que advierten que hay más personas involucradas, mismas que se fugaron del penal en septiembre de 2012, cuando escaparon 132 convictos.
Decenas de los evadidos que fueron recapturados están recluidos en diversas cárceles federales, por lo que se solicitó colaboración para recabar sus declaraciones.
Imposible identificar. Herrera expuso que agentes del Ministerio Público, peritos y elementos de la Policía Investigadora procedieron a la reconstrucción de los hechos con los responsables de los actos constitutivos del delito.
“Se realizó Inspección Ministerial en el Centro Penitenciario donde se recolectó evidencia diversa, que se envió a la Policía Federal División Científica para su análisis, y una vez realizado el dictamen se concluyó que la evidencia recolectada correspondía a fragmentos óseos, los cuales, por su grado de calcinación, no se pudo determinar su origen”, dijo.
