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Los diputados de oposición en Veracruz impidieron que fuera creada una Sala Anticorrupción del Tribunal Contencioso Administrativo y con sus tres magistrados que fueron propuestos por el gobernador Javier Duarte de Ochoa (PRI).
Durante sesión ordinaria, los legisladores del PAN, PRD, PT y MC, lograron que la mayoría priísta diera marcha atrás en su pretensión de aprobar reformas y permitir que el mandatario propusiera a magistrados anticorrupción, cuando esa función es del Poder Judicial del Estado.
En más de tres horas, se discutió la posibilidad de reformar, a propuesta de Duarte de Ochoa, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
Luego de exhibirse la violación a la autonomía de poderes que ocurriría de aprobarse la propuesta, los priístas retiraron el dictamen y decidieron prolongar una semana más la creación de toda la estructura anticorrupción.
Los diputados panistas explicaron al PRI que tal propuesta era violatoria a la Constitución Política de México y de la Constitución Política de Veracruz.
El legislador albiazul, Julen Rementería del Puerto indicó que se estaba creando la camisa de fuerza para el próximo Gobierno (de la alianza PAN-PRD) y se violaba la autonomía del Poder Judicial al dejarle al Congreso la adscripción de los magistrados.
"Si esto no es parte de un andamiaje para proteger al Gobernador que se va, díganme qué cosa es; están sometiendo al Poder Judicial a este Gobierno".
Y exigió al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Alberto Sosa Hernández oponerse por las vías legales pertinentes a esta reforma que insistió violaba la división de Poderes.
En su participación, el diputado Cuauhtémoc Pola Estrada, de Movimiento Ciudadano, expresó que esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado violaba el principio de división de Poderes, garantías constitucionales.
En la discusión de la reforma, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Ahued Bardahuil, consideró que aunque está a favor de la Ley Anticorrupción, el nombramiento de 3 magistrados por un periodo de 10 años es demasiado, por lo que manifestó su voto en abstención.
Por su parte, la diputada panista Ana Cristina Ledezma López, advirtió que "mañosamente" en el dictamen se "sacó" el artículo relacionado con la adscripción de magistrados que es competencia únicamente del Poder Judicial.
La reforma buscaba adecuar la normatividad local otorgando facultades al Tribunal Contencioso administrativo para conocer de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Contraloría General del Estado y los Órganos Internos de Control de los entes públicos estatales o municipales.
La Sala Anticorrupción tendría entre sus atribuciones fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal, o al Patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.
afcl
