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La Fiscalía de Jalisco denunciará penalmente a los tres magistrados que integran la Sexta Sala de lo Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado –encabezada por el ex presidente del Poder Judicial, Celso Rodríguez González– por considerar que incurrieron en actos de corrupción al permitir la liberación de tres presuntos secuestradores vinculados con el grupo delictivo que asesinó a 26 personas y abandonó sus cuerpos bajo Los Arcos del Mileno, en Guadalajara, el 24 de noviembre de 2011.
El fiscal general, Eduardo Almaguer Ramírez, señaló que tras revisar la resolución con la que el 6 de junio pasado los magistrados revocaron el auto de formal prisión otorgado por el Juez Octavo de lo Criminal contra estas tres personas, no se encontraron argumentos jurídicos viables para otorgar la libertad a los presuntos delincuentes.
“Se les acusará a los magistrados por corrupción porque estudiamos la resolución de los magistrados y presumimos que al no haber una razón jurídica viable para dejar en libertad a tres peligrosos delincuentes hay un acto de corrupción (…) lo delicado es que están revocando el auto de formal prisión, es decir, ni siquiera se pudo entrar al fondo de este asunto”, indicó.
Almaguer precisó que pese a que se revocó el auto de formal prisión contra los tres, sólo dos de ellos lograron salir del penal de Puente Grande, pues el tercero –identificado como medio hermano del líder de una célula del cártel de Los Valencia que, junto con Los Zetas, mantenía una disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación– continúa preso debido a que está sujeto a otros procesos por los delitos de homicidio, secuestro y extorsión.
Los tres acusados fueros capturados en diciembre de 2014 y se les intentaba juzgar por el secuestro de un comerciante al que mantuvieron cautivo en una finca de Chapala; sin embargo la Fiscalía continuaba investigando a los tres sujetos para tratar de comprobar su vínculo con el grupo delictivo que perpetró la masacre de 2011.
En aquella ocasión la entonces Procuraduría Estatal logró acreditar que la mayoría de las personas asesinadas eran inocentes y no tenían relación con ningún grupo delictivo.
El argumento de los magistrados para en libertad a los tres acusados fue que no se contaba con elementos suficientes para poder iniciar un proceso en su contra; al respecto, el fiscal consideró que hay jurisprudencia que avala la decisión del juez que ordenó su formal prisión en primera instancia.
“Sobre el fundamento que utilizan los magistrados hay jurisprudencia en el sentido de que no es necesario el señalamiento de la persona frente al juez, ellos fueron identificados por sus cómplices en fotografías, además las víctimas no podían identificarlos de manera directa porque cada quien hacía una parte en el secuestro (…) de acuerdo a la propia jurisprudencia de la Suprema Corte había elementos para decretar el auto de formal prisión, tal como lo hizo el juez; para nosotros es un caso bastante delicado porque son personas violentas y delitos de muy alto impacto”, afirmó.
Además de la denuncia penal contra los magistrados, la Fiscalía presentará una queja ante el Supremo Tribunal de Justicia para solicitar que sean desaforados y dará asesoría a la víctima del secuestro para que pueda ampararse contra la resolución de la sala.
El fiscal indicó que también se revisó a fondo la integración de la averiguación previa para detectar posibles fallas pero se concluyó que estaba bien integrada y por ello el juez que llevó el caso determinó que había elementos para iniciar un juicio contra los tres acusados.
Finalmente, Almaguer Ramírez consideró que casos como este deben servir para debatir si quienes integran el Poder Judicial también deben acreditar las evaluaciones de control de confianza a las que son sometidos todos los encargados de la procuración de justicia.
“Todo el aparato de justicia debe ser evaluado y acreditado con las pruebas de control de confianza y solamente queda una parte fundamental que es la administración de justicia y ahí no son evaluados, incluso han presentado ante la Suprema Corte de Justicia controversias de que ellos no tienen que ser evaluados porque forman parte de otro poder, pero me parece un momento oportuno para subir a la discusión nacional y de la sociedad el que todos los que participamos en la seguridad, procuración y administración de la justicia debamos de acreditar nuestros exámenes de control y confianza”, dijo.
afcl
