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La tensión en este municipio escaló ayer, luego de que una vez más no se logró entablar diálogo con las autoridades del gobierno de Michoacán y los habitantes del Consejo Mayor.
Los pobladores denunciaron que ayer se les negó la atención para que pusieran a disposición a un grupo de personas que un día antes habían detenido con armas y droga. Amenazaron con radicalizar sus acciones de protesta si no obtienen respuestas.
Representantes de los cuatro barrios señalaron que lo anterior es respuesta a la quema de dos automóviles la noche del miércoles en una de las barricadas que instalaron en la salida a la comunidad de Arantepacua.
A decir de los habitantes, se solicitó el apoyo a autoridades de la Procuraduría General de Justicia en la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública y hasta del Ejército, quienes presuntamente les dijeron que no había delitos que perseguir para inculpar a los cinco hombres que sacaron de un domicilio ubicado a unas cuadras del centro de la cabecera municipal.
Reprocharon el hecho de que a pesar de que hacen la tarea de seguridad pública con sus medios, labor que le corresponde al gobierno, reciben negativas para encarcelar a los presuntos criminales a los que señalaron como integrantes del crimen organizado,
Luego de ser exhibidos en la plaza principal, desnudos y amarrados de los pilares principales de la presidencia municipal, los pobladores los encerraron en una cárcel preventiva, pues los relacionan con el alcalde Miguel Prado Morales, de quien exigen su renuncia.
Argumentaron que estas personas no fueron linchadas por la comunidad “porque nosotros no somos como ellos, pero nos están orillando a prácticas radicales con las que defenderemos a nuestras familias”.
A las orillas del pueblo, la filtración de estas personas ajenas a la cabecera municipal, dijeron, originaron que se reforzaran las barricadas en las salidas a Arantepacua, a Savina y a Cherán.
“Aquí seguiremos, a ver quién se cansas primero”, advirtió uno de los vigías de los puestos de control, en donde se encuentran los autobuses, camiones y vehículos comerciales que retuvieron desde hace dos días, cuando revivieron su lucha.
Además, acusaron que el director de gobierno estatal Daniel Rangel Piñón, les advirtió a algunos de los representantes que “se iban a arrepentir”, luego de que en días pasados increparan a dos regidoras.
En cuanto a las armas que les quitaron a siete policías, informaron en asamblea que se las van a entregar a las autoridades, pero hasta que lleguen a un acuerdo firme y se cumplan sus demandas.
