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El consejo rector de la organización Transparencia Mexicana ubica a Quintana Roo como un estado cuyo gobierno protege a la clase política y a la burocracia para mantener la opacidad y negar el acceso a la información a la ciudadanía.
“En Quintana Roo sabemos que estamos bastante mal; creo que sabemos que más bien se ha tratado de aparentar que hay cumplimiento de los estándares, cuando en realidad hay una gran protección a la clase política y la clase burocrática.
“En primer lugar, para que no documente sus acciones y, al no estar documentadas, no entreguen documentos a la ciudadanía cuando se les pide”, afirmó la presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, María Marván Laborde.
La politóloga y socióloga mexicana dio una conferencia en Cancún anoche, luego de la renovación de la mesa directiva de la organización Ciudadanos por la Transparencia (CITRA), cuyos integrantes fueron ratificados por dos años más; también se presentó a los miembros de un nuevo órgano, que es el consejo consultivo.
La también consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) resaltó en diversas ocasiones que al Congreso de Quintana Roo se le agota el tiempo para armonizar su Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la Ley General en la materia.
Al estado le quedan 23 días naturales y 16 hábiles para que se venza el plazo, dijo.
“Al día de hoy no tenemos aprobada una ley que cumpla con los mínimos que marca la Ley General. A partir del cinco de mayo, cualquier ciudadano al que se le niegue la información sí puede ir decir al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), ‘en Quintana Roo no se está cumpliendo’.
“Y el Instituto Nacional acaba siendo autoridad para ordenar que se transparente esa información y poder conminar al Congreso del estado a que realmente avance la Ley y cumpla con los parámetros que se están pidiendo”, expresó.
Desde octubre del año pasado CITRA entregó al Congreso local una propuesta de Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que se ha venido trabajando junto con diputados y con el jurídico de la Legislatura.
A la par, otras organizaciones como “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”, han presentado sus propias propuestas.
Al felicitar el esfuerzo hecho por la sociedad civil para participar en el diseño de la propuesta, la integrante de la iniciativa internacional "Open Government Partnership", que promueve la transparencia, el gobierno abierto y la participación cívica en contra de la corrupción, resaltó que todas las propuestas que hayan sido presentadas y que se estén discutiendo en el Congreso, deben hacerse públicas, para identificar su contenido y a la autoría.
“Todas las propuestas son públicas. Así como ustedes tuvieron, no sólo la dedicación de hacer una iniciativa de Transparencia, firmarla, dar la cara, imprimirla y decir ‘esta es nuestra propuesta’… creo que lo menos que podemos pedirle a cada uno de los partidos, es que sus propuestas sean también públicas”, indicó.
Subrayó que otra de las reglas es que todas las propuestas deben tener claramente identificada la paternidad de las mismas, ya sean las iniciativas o las modificaciones en leyes puestas en la mesa para su discusión.
“Normalmente la forma en que se escudan los partidos políticos para hacer leyes, que teóricamente deberían ser buenas, pero son realmente inocuas, es que de pronto aparece en la mesa una iniciativa que nadie sabe quién la puso o propuso y que todos los partidos nos dirán en corto ‘mira, yo no quería que así quedara, pero la mayoría decidió’.
“Es bien fácil que los partidos se escondan en la mayoría, para no asumir la responsabilidad de sus propuestas y de su labor legislativa; yo creo que la sociedad mexicana ya no está para permitirle al Congreso de Quintana Roo, ni al Congreso de la Unión ni a ninguno de los 32 congresos de la República Mexicana, que se aprueben leyes que nadie sabe de dónde salieron y que se eliminen propuestas hechas por la sociedad civil y que nadie tenga la valentía de decir ‘yo saqué eso porque no me parecía, porque a mi partido no le conviene”, sostuvo.
La base mínima que debe tener en términos de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley estatal, es la Ley General, cuyo techo puede ser rebasado en términos de ampliar la información y el acceso a ella, que se otorga a la ciudadanía y que se establezca a los sujetos obligados proporcionar.
La clasificación de “información reservada” debe estar fundamentada y ser una excepción sólo aceptable cuando se trate de proteger el bien público “no la espalda de los servidores públicos”, aseveró la investigadora.
Como ejemplo de qué sí se clasifica como información reservada por causas de seguridad nacional, está el aportar los planos de una cárcel, pero no los gastos de viáticos, cenas, viajes, manejo de recursos, monto de gastos de los funcionarios públicos.
“Para reservar información, tenemos que justificarlo por ley y en segundo lugar, revisar documento por documento para en todo caso hacer versiones públicas; la reserva siempre tiene que ser el último recurso.
“No podemos poner reservas tan amplias, no podemos decir que por seguridad estatal o municipal no se puede saber el gasto de una carretera o cuánto ganan presidente municipal y regidores o quiénes participaron en licitación de lápices o lo más importante en un gobierno”, agregó.
spb
