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Baja California Sur trabaja a marchas forzadas para lograr la homologación de su Ley de Transparencia, cumplir con el plazo constitucional -4 de mayo-y dejar de ser uno de los cinco estados con la peor legislación en la materia.
Durante el inicio del Foro de socialización del proyecto de la nueva Ley de Transparencia del estado, celebrado en La Paz, capital de BCS, la especialista Renata Terrazas Tapia, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, dijo que BCS es uno de los estados con “peores leyes de transparencia”.
“No cuentan con el marco normativo suficiente para hacer rendir cuentas a la autoridad”, expuso la invitada, ante legisladores, representantes de organizaciones civiles y decenas de funcionarios.
No obstante, indicó que de aprobarse el proyecto que comienzan a socializar, el cual contempla la transparencia de información ambiental, se daría “un salto cuántico”, dijo, al pasar de tener una ley deficiente a un mecanismo de avanzada.
Refirió que apenas una decena de estados han homologado sus leyes y, ante ello, urgió a que sea BCS una de las pocas entidades que cumpla en tiempo y forma con esta obligación.
Reconoció el proceso de elaboración del proyecto al ser abierto a la participación ciudadana, y adaptarse a las condiciones de BCS.
La investigadora recalcó que lograr un marco garantista del derecho a la información beneficia a todos los ciudadanos, pues permite una mejor gestión gubernamental y brinda certezas sobre los procesos de la autoridad.
“La transparencia está vinculada con la competitividad de los estados”, añadió.
La diputada Maritza Muñoz Varas, presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso local, afirmó que el acceso a la información permite construir una sociedad más crítica, democrática y participativa.
IP urge aprobar nueva Ley
El representante de Coparmex en BCS, Fabricio González, urgió a los diputados a concluir el proceso y votar la nueva Ley, toda vez que tuvieron un año, dijo, para realizar esta homologación.
Entrevistado sobre el tema, coincidió en que BCS es uno de los estados más atrasados en materia de transparencia.
Consideró además que falta mucha voluntad de los funcionarios y de los propios diputados locales para transparentar el uso de los recursos públicos. Puso como ejemplo que en la plataforma “3 de 3”, con excepción del gobernador Carlos Mendoza, ningún funcionario, incluyendo los 21 diputados locales, han hecho públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de intereses.
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