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A partir de este lunes la Comisaría de la Policía Preventiva de Guadalajara ha implementado el uso de dos drones para tratar de inhibir los robo a negocios, personas y autos en el Centro Histórico y en las zonas de mayor incidencia delictiva en la ciudad; sin embargo, la falta de legislación en la materia podría hacer que los habitantes de zonas residenciales impugnen la utilización de estos aparatos por la posible violación a los derechos humanos que puede conllevar, consideró el académico del Iteso, Agustín Yáñez.
La mañana de este lunes, el titular de la dependencia tapatía, Salvador Caro, anunció la incorporación de los drones a la estrategia de seguridad del ayuntamiento y detalló que cada uno costó 38 mil pesos, que cuentan con cámara de video HD 4K y memoria de 16 GB, que tienen una autonomía de 18 minutos de vuelo, pueden alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora y subir hasta 500 metros de altura, aunque únicamente están autorizados a volar hasta los 120 metros para evitar accidentes con aviones y helicópteros.
Caro indicó que un dron se ubicará de forma permanente en torno a la Plaza Guadalajara y el otro se utilizará para combatir el robo a vehículos en los polígonos de alta incidencia y riesgo durante horarios diurnos.
Dijo que los resultados del primer mes darán la pauta para ampliar el programa y tomar la decisión de acceder a instrumentos más sofisticados que ayuden a fortalecer la capacitación de la policía en esta materia.
Sin embargo, para el académico del Iteso, Agustín Yáñez, adscrito al Departamento de Estudios Socio Políticos y experto en temas de contratos tecnológicos, consideró que si el gobierno empieza a operar drones, aunque cumpla con los requisitos de seguridad mínimos para su uso, se abrirá un debate sobre los derechos humanos que podrían violentarse con este tipo de vigilancia.
“Un dron que está sobrevolando en torno a propiedades privadas con cámaras, aunque se piense como un esquema de seguridad, deja de lado el derecho a la intimidad y hay muchos criterios de los comités internacionales de derechos humanos que han manifestado que el derecho a la privacidad y a la intimidad son de los derechos más importantes, por lo tanto hoy este tipo de patrullaje puede provocar que la población meta recursos para evitar su uso”, indicó el especialista.
Consideró que los pilotos que manejen estos drones deben estar certificados y el ayuntamiento debe adquirir un seguro para reparar los posibles daños que pudieran causar los aparatos, pues no son juguetes y hay registros de accidentes en los que han causado heridas considerables en las personas.
“El problema es que no hay regulación al respecto; el año pasado Aeronáutica Civil de México lanzó unos lineamientos para el uso de drones pero la realidad es que todavía es muy endeble y no hay criterios de regulación de espacio aéreo para estos aparatos”, señaló.
afcl
