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La aprobación del presupuesto 2016 para Colima se ha convertido en otro frente de batalla entre PRI y PAN en plena campaña extraordinaria para la elección de gobernador; en ambos bandos se interpreta que la discusión se ha entrampado para intentar dañar la imagen de uno u otro partido durante la contienda electoral.
La madrugada del 16 de diciembre, cuando discutían la propuesta de presupuesto, los diputados del PRI, PT y Nueva Alianza se retiraron del Congreso por considerar que el tiempo legal se había agotado; cerca de las 03:00 horas de ese día, los 13 diputados del PAN, apoyados por los dos legisladores del MC y PVEM, sacaron adelante el dictamen con 15 de los 25 votos posibles y lo enviaron al Ejecutivo.
La noche del martes 29, el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, se presentó al Congreso del estado para informar que el gobernador, Ramón Pérez Díaz, vetó el dictamen debido a una serie de inconsistencias, que entre otras cosas provocaría el despido de más de más de mil empleados.
Indicó que entre, además, detectaron reasignaciones de partidas federales ya etiquetadas, lo que implicaría sanciones penales para la administración estatal.
La diputada Martha Sosa Govea, coordinadora del PAN y presidenta de la mesa directiva del Congreso, indicó que ayer la Comisión de Hacienda analizó las observaciones del gobernador y hoy su fracción valorará su procedencia.
Sin embargo, consideró que el PRI y el Ejecutivo local han actuado con una clara motivación electoral: han anunciado medidas catastróficas, petates del muerto, diciendo que más de mil trabajadores saldrán del gobierno y es algo que no entiendo, pues quienes están laborando continuarán haciéndolo; las declaraciones del secretario de Gobierno son temerarias, son una falacia, a menos que piensen contratar más trabajadores o ya los tengan contratados y les digan que les van a pagar a partir de enero; hay un sesgo electoral que busca golpear al PAN y a su candidato para llevar agua al molino del PRI.
Por ley, si el presupuesto no está aprobado antes del 1 de enero, entrará en vigor la ley de egresos del año anterior; ante esto, Sosa Govea explicó que eso no implica una parálisis de la administración pública, y estimó que el asunto se dirimirá la siguiente semana.
En rueda de prensa, las fracciones del PRI, PT y Panal explicaron que entre las razones del veto del gobernador está un faltante de 80 millones de pesos de los que no hay información, lo que demuestra que el dictamen fue hecho al vapor.
