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Un centenar de niñas y niños de Cancún tendrán que conseguir 21 millones de pesos para cumplir con la fianza fijada por el Juzgado Cuarto de Distrito, dentro del juicio de amparo promovido por los menores, para frenar 23 proyectos a desarrollarse en zonas de manglar dentro del polígono de “Malecón Tajamar”, autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en 2005.
Los infantes se ampararon en agosto pasado para que los desarrolladores “se abstengan de destruir el manglar ubicado en los lotes de la Supermanzana 6, del proyecto denominado ‘Malecón Tajamar’” y para que eviten usar la autorización otorgada en el oficio S.G.P.A/DGIRA.DEI.1855.05 por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), el 28 de julio de 2005, así como el permiso de chapeo y desmonte emitido por la Dirección General de Ecología de Cancún.
Durante la audiencia incidental celebrada ayer, respecto al expediente 1194/2015, el Juez Cuarto otorgó a los 113 infantes que promovieron la demanda de amparo, la suspensión definitiva de las obras en “Malecón Tajamar”, complejo en donde se proyectan plazas comerciales, hoteles, condominios y obras diversas.
Sin embargo, a solicitud del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) -que vendió los terrenos a los inversionistas, gestionó la autorización de impacto ambiental ante la Semarnat y forma parte del litigio- el Juez fijó una fianza de 20 millones 985 mil 643.89 pesos, que tendrá que ser exhibida en un plazo de cinco días hábiles, es decir, el once de noviembre próximo.
La fianza servirá para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a las 22 empresas a las que Fonatur vendió terrenos en “Malecón Tajamar”. De no exhibir la millonaria cantidad, la suspensión quedará sin efectos.
Al respecto, el movimiento “Salvemos al Manglar de Tajamar”, celebró que el Juez Cuarto concediera la suspensión definitiva de las obras ahí proyectadas, porque implica haber reconocido el derecho de las y los infantes a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el territorio nacional como un derecho fundamental.
Sin embargo, el movimiento ciudadano lanzó varias interrogantes, en cuanto a por qué los niños tendrían que poner dinero para asegurar su medio ambiente y no Fonatur, como responsable de haber vendido terrenos a particulares, en zonas de manglar, ocultando a la Semarnat, la cantidad real de manglar y los impactos que su destrucción tendrán en la zona.
“¿No debería ser Fonatur, que asegura que las consecuencias de sus actos no dañan el medioambiente, quien les garantice? ¿Es acaso la justicia para aquellos que tienen dinero?”, cuestionó la agrupación.
En agosto pasado, los vecinos de “Malecón Tajamar” despertaron con el estruendo de maquinaria que en minutos devoraba la selva y los manglares, con todo y la fauna silvestre que habita el sitio.
Desesperados, tomaron fotografías, videos y audios que fueron compartiendo con amigos y luego en redes sociales, en un intento desesperado por frenar aquello.
A partir de entonces, espontáneamente, se fueron organizando para hacer guardias e impedir el paso a la maquinaria, en un intento por evitar que se consumara el desmonte de vegetación y humedales de diversos lotes.
Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), la Asociación Protectora de Animales, entre otros, se pronunciaron contra aquello y promovieron denuncias y amparos; entregaron más de cuatro mil denuncias por la devastación de manglares, la muerte de especies de flora y fauna silvestre y la violación a las condicionantes que la Semarnat impuso en la autorización que otorgó al Fonatur.
El director del Fonatur, Héctor Gómez Barraza, ha declarado que el amparo que los niños promovieron el 27 de agosto pasado y que obtuvieron el 21 de septiembre, “es improcedente”.
Para el funcionario, contar con la autorización de impacto a favor del desarrollo de Malecón Tajamar, es suficiente; rechaza que se haya ocultado información durante el proceso de evaluación de impacto ambiental o que se hayan violentado las condicionantes impuestas por la Secretaría.
mvl
