Desvíos millonarios, pagos irregulares a proveedores, adjudicaciones sospechosas de obras, recursos sin aplicar y cuentas públicas “reprobadas”, son algunas de las observaciones detectadas a la administración priísta pasada de La Paz, encabezada por la actual diputada federal, Esthela Ponce Beltrán.
En sesión de cabildo de La Paz, aprobaron el informe presentado por la Comisión especial revisora del proceso de entrega-recepción, y acordaron llamar a comparecer a ex funcionarios, así como emprender una “Auditoría forense” que abarque el periodo constitucional de la XIV administración de La Paz, capital de Baja California Sur.
Y es que en el informe precisan que, de entrada, existe un endeudamiento cercano a los mil millones de pesos, y refieren que de mantener una deuda de alrededor de 300 millones al recibir la administración, tras cuatro años de gestión de Esthela Ponce Beltrán y Francisco Monroy Sánchez (suplente), se incrementó en poco más de 600 millones de pesos.
Asimismo, se detectó que se desviaron recursos federales por el orden de los 254 millones de pesos. Estos recursos estaban etiquetados y no se aplicaron en los diferentes programas sociales y de obra pública del municipio de La Paz.
También detectaron que no construyeron diversas obras para las cuales sí recibieron los recursos federales, incluso en varios casos estos recursos no se encuentran en las cuentas bancarias.
Ante estas situaciones, el nuevo cabildo informó que la Federación suspendió la entrega de recursos correspondientes a los ejercicios fiscales 2014 y 2015.
El ayuntamiento que encabezó (de 2011 a marzo de 2015), la priísta Esthela Ponce, hoy diputada federal plurinominal por Baja California Sur tendría observaciones pendientes por solventar de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y el Órgano de Fiscalización Superior del estado, por el orden de los 98 millones de pesos.
En el caso de Francisco Monroy, quien asumió el cargo, luego de que Ponce Beltrán lo dejó para contender en la elección interna del PRI por la gubernatura de BCS, el cabildo entrante advirtió que se realizaron pagos elevados, por el orden de los 8 millones de pesos, a un proveedor, presuntamente vinculado con los negocios del propio Monroy, de talleres y refacciones.
Algunas otras irregularidades fueron que regidores se tramitaron 22 licencias para venta de alcoholes, incluso sin pagarlas, resultando un adeudo total de 2 millones 635 mil pesos.
En entrevista, el alcalde paceño, Armando Martínez Vega, señaló que para revisar con mayor detalle toda la gestión de la administración saliente, se realizará una auditoría forense y si existen elementos, dijo, se procederá a presentar las denuncias correspondientes contra quienes resulten probables responsables de algún ilícito.
"No se trata de una cacería de brujas", expresó el alcalde; no obstante, subrayó que lo que se busca es transparencia de los recursos y que quienes hubieran hecho un mal uso de ellos, asuman sus responsabilidades.
