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Cuernavaca.— La comparecencia del comisionado de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella, ante el pleno legislativo concitó la demanda mayoritaria de replantear la estrategia del modelo de Mando Único para detener la incidencia delictiva en la entidad.
Su presencia en el Congreso estatal fue para explicar el uso de más de mil 200 millones de pesos retenidos a los 33 municipios, mediante un porcentaje de 5% de sus participaciones federales, para operar la Policía de Mando Único, pero la discusión se volcó hacia la efectividad del modelo policial, principalmente.
Los coordinadores parlamentarios del PAN, Norma Alicia Popoca, y del PSD, Julio Yáñez, fueron los únicos que se pronunciaron abiertamente por la renuncia del comisionado, pues expusieron que no hay una estrategia efectiva de combate al crimen, pero también por el número de homicidios violentos, extorsiones y secuestros, así como las violaciones reiteradas a los derechos humanos cometidas por elementos del Mando Único.
La respuesta del comisionado incomodó a los legisladores del PAN cuando éste exhibió grandes fotos de los ex gobernadores panistas Sergio Estrada Cajigal Ramírez y Marco Antonio Adame Castillo, retratados con el entonces titular de Seguridad Pública estatal, Luis Ángel Cabeza de Vaca, y Francisco Sánchez González, ambos procesados por sus presuntos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva.
El segundo fue liberado por falta de elementos y el primero fue sentenciado y recluido en el penal de máxima seguridad de Nayarit.
Sobre el gasto de los mil 200 millones retenidos a los municipios, dijo que mil 544 millones 112 mil pesos se invirtieron en la construcción y equipamiento de tres cuarteles de policía; en la primera Academia de Estudios Superiores de la Policía, en la compra de 200 patrullas y la construcción del C5, “la más importante de la región centro del país”, sostuvo.
En su informe incluyó la reducción de delitos de alto impacto como 21.9% en extorsiones, 14% en homicidios dolosos, 32.1% en secuestros, además de una inversión histórica de un millón 979 mil 810 pesos.
Agregó que hasta ayer había en uso 708 cámaras de videovigilancia y subrayó que siete funcionarios públicos han sido presentados ante la justicia durante la gestión del gobernador Graco Ramírez. Habló de 349 elementos dados de baja por no acreditar los exámenes de control y confianza, y los 40 servidores puestos a disposición del Ministerio Público.
Durante la comparecencia del jefe policial un grupo de habitantes, presuntamente de los municipios de Ayala, Tlaquiltenango, Ocuituco y Yecapixtla, rompió el cerco de custodia y la puerta principal para exigir su ingreso al recinto legislativo.
Izaron pancartas demandando la renuncia de Capella Ibarra y el retiro del Mando Único por los abusos cometidos por elementos estatales. La irrupción se dio frente al grupo de policías del Mando Único que mantenía la custodia del recinto legislativo.
Norma Alicia Popoca protestó por el fuerte dispositivo policial para custodiar la presencia de Capella.
El enfrentamiento entre la bancada del PAN y Capella Ibarra incluyó la acusación contra el diputado panista Manuel Tablas Pimentel, quien —dijo el comisionado— como edil de Ayala sostuvo una charla telefónica con un presunto narcotraficante. El legislador aseguró que él mismo entregó la grabación de extorsión al comisionado de Seguridad y a la Fiscalía del Estado.
Por su parte el legislador del PSD Julio Yáñez exigió a Capella Ibarra su renuncia y fustigó las “amenazas” que ha proferido el mando policial al decir que cuando el edil electo Cuauhtémoc Blanco tome protesta retirará el armamento y los vehículos oficiales ante su renuencia de mantener el convenio con el Mando Único.
