Más Información
estados@eluniversal.com.mx
San Luis Potosí
Una planta de tratamiento de agua sin construir, entre otras cosas, porque los pobladores utilizan las aguas negras para cosechar; un puente vehicular inconcluso que provoca accidentes y un bulevar en el Río Santiago, que establecería los límites urbanos y ahora luce lleno de basura, son parte de los elefantes blancos de esta entidad, que no han logrado cuajar por problemas sociales, administrativos y económicos.
La primera piedra y un letrero es lo único que hay de lo que debería ser la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) “El Morro”, licitada en 2009 para sanear las aguas negras de esta capital, de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.
En 2009 el gobernador panista Marcelo de los Santos Fraga colocó la primera piedra para la planta de tratamiento en un predio del municipio de Soledad y presumió que se completaría el saneamiento del 100% de las aguas residuales en el ayuntamiento.
La obra ha sido impedida por trabas legales para el financiamiento, la oposición de ejidatarios que utilizan las aguas negras y una investigación de la Secretaría de la Función Pública derivada de presuntas inconsistencias en el proceso de adjudicación.
Para concretar la PTAR se requería el aval del Congreso local a efecto de que los ayuntamientos de Soledad y San Luis Potosí se asumieran como deudores solidarios, que se aprobó en 2012.
De los Santos terminó su mandato y llegó el gobernador priísta Fernando Toranzo Fernández (2009-2015), quien también concluyó su periodo sin que avanzara la obra; ahora toca al gobernador Juan Manuel Carreras López (PRI) hacer frente al proyecto, que involucra a la federación.
Además, están pendientes de concretarse los colectores que conducirán las aguas (excedentes del río Santiago y que se encuentran a cielo abierto) a la planta, para que sean saneadas.
La obra hidraulica más importante de la época, tampoco siguió porque la Secretaría de la Función Pública encontró inconsistencias en la licitación pública nacional, que se adjudicó a la constructora Fypasa, como consta en el oficio número CI-SFP-2017/2009.
En el decreto 563 del gobierno del estado, publicado el 27 de diciembre de 2008, se sientan las bases para la construcción de la planta, aunque desde el 6 diciembre de 1998 la Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento había firmado un convenio con usuarios de aguas negras de la zona norte para su tratamiento.
En su página web, de octubre de 2015, en el apartado de Proyectos Estratégicos, la Conagua describe que la planta tendrá una capacidad de procesamiento de 750 litros por segundo, con una inversión total de 395 millones de pesos y cita que la empresa ganadora de la obra es MARHNOS, en tanto que la Interapas (organismo regulador del agua intermunicipal) en enero pasado mencionó que el costo de la PTAR será de 450 millones de pesos.
La Comisión Estatal del Agua gestionó el financiamiento con Banobras a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI).
Bulevar y puente truncos.—La ampliación del bulevar Río Santiago a cuatro carriles que conectará al municipio de Soledad de Graciano Sánchez con el Anillo Periférico, en la zona metropolitana de San Luis Potosí, quedó en el olvido. Hace cuatro años iniciaron las obras en el tramo de acceso Norte hasta el Periférico Oriente, en la zona metropolitana, pero éstas se quedaron detenidas. La obra está en manos del gobierno del estado.
En los trazos de las gasas por las que descenderán o ascenderán los vehículos para conectar con el Periférico Oriente sobresalen las varillas para lo que serán los muros de carga, a medio colar, y se observa tierra suelta.
La obra se planeó en 2009, con una inversión de 400 millones de pesos, con financiamiento del estado, federación y municipios.
También la construcción del puente elevado del Anillo Periférico y avenida Juárez, localizado en las inmediaciones de la Feria Nacional Potosina, quedó abandonada hace tres años.
La construcción se trabó por un conflicto legal de propiedad con ejidatarios de la comunidad de San Juan de Guadalupe, que afirman tener los derechos de una porción del terreno en donde se construyó el puente elevado y lograron un amparo judicial. La Junta Estatal de Caminos (JEC) abandonó la obra y ni siquiera regresó a retirar los materiales de construcción.
El puente está abierto a la circulación en la parte superior y en el tramo hasta antes de ingresar en las propiedades comunales.
Vecinos de la comunidad de San Juan de Guadalupe lo consideran “muy peligroso”, aseguran que por las condiciones en que se encuentra ha sido causa de accidentes vehiculares.
El informe final de auditoría de la Cuenta Pública 2012, establece que la obra “puente vehicular de avenida Juárez y bulevar Antonio Rocha Cordero” es ejecutada por la empresa Vialidades y Construcciones Torres SA de CV, con un plazo de ejecución de 19 de marzo al 15 de agosto de 2015, y una inversión de 56 millones de pesos del Ramo 23, de la federación. El puente se planeó para beneficiar a 120 mil personas.
La Junta Estatal de Caminos (JEC) argumenta que la obra está detenida por la suspensión que un juez otorgó a los comuneros, pero que siguen las negociaciones para continuarla.
El gobierno del estado no ha ejercido acciones ni existe evidencia de la planeación de la obra.
Por otra parte, la renovación de la Alameda Juan Sarabia, iniciada en septiembre de 2011 por la empresa Ediprosa, quedó a medias. La constructora enfrenta un proceso administrativo por el incumplimiento. También, las obras en la avenida Ricardo B. Anaya están abandonadas.
