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Morelia
Con cinco años de retraso, millones de pesos invertidos e irregularidades, el proyecto Teatro Mariano Matamoros de Morelia se ha convertido en uno de los principales elefantes blancos en Michoacán.
Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL al interior de la obra, se apreció que ésta sólo es un galerón oscuro, humedecido por el tiempo y que alberga el equipamiento que se había adquirido, y que, a decir de los encargados, no se tiene la certeza de que esté en buenas condiciones.
La obra inició en 2009, durante el gobierno del perredista Leonel Godoy, con un presupuesto anunciado de 150 millones de pesos. Fue programada para ser inaugurada el 15 de septiembre de 2010, como la obra cumbre en el estado por los festejos del Bicentenario de la Independencia.
El 29 de abril se integró el Comité Técnico y se avisó que el presidente del fideicomiso del Teatro Mariano Matamoros sería Cuauhtémoc Cárdenas Batel, socio del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), e hijo del ex gobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas y hermano del también ex mandatario Lázaro Cárdenas.
Al mismo tiempo, se designó a Jorge Luis González Gómez como secretario técnico del fideicomiso, hermano del entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Alejandro González Gómez, e hijo de Eudoro González, también ex presidente del Poder Judicial en tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas como gobernador.
El Teatro Matamoros no se terminó en el tiempo previsto por autoridades. Hasta la fecha se ha requerido varios millones de pesos adicionales y los trabajos están paralizados desde 2013, aunque eventualmente se observa a trabajadores en la zona.
Por más de cinco años, Cárdenas Batel se negó a dar información sobre los motivos de los retrasos y dijo que no estaba obligado a informar porque sólo rendía cuentas al gobernador.
Incluso, los diputados de la Comisión de Cultura se quejaron de que las autoridades han impedido la vigilancia directa de su operación.
En 2009, Leonel Godoy anunció que la obra tendría un costo de 150 millones de pesos, pero el secretario del fideicomiso, Jorge Flores, dijo que los recursos suman 190 millones de pesos.
Los diputados también denunciaron que hubo subejercicios, ya que el monto de recursos públicos en la obra alcanza los 225 millones 300 mil 733 pesos, cifra que contrasta con los 365 millones que desde 2009 a 2015 se le han presupuestado en las distintas administraciones estatales.
En 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que en el segundo semestre de 2011 hubo violaciones a la Ley de Obra Pública en ocho contratos por un monto de 138 millones de pesos que el gobierno de Godoy Rangel metió como comprobantes de gastos federales, pese a que no hubo inversión federal en la obra.
Para el historiador Ramón Sánchez, la construcción es un ejemplo de tráfico de influencias desde que se puso a la cabeza del proyecto a Cuauhtémoc Cárdenas hijo, por la relación que el entonces partido en el poder (PRD) tenía con su familia.
“No va a ser un espacio para realizar actividades culturales para la población, sino para beneficiar al Festival Internacional de Cine de Morelia”, dijo.
La central de autobuses que no fue. El proyecto de la vieja Central de Autobuses de Morelia, que solucionaría el problema de vialidades en el Centro Histórico, no es nuevo. El entonces gobernador, Lázaro Cárdenas Batel, dijo desde 2007 que esa obra ordenada por su administración iniciaría en su primera etapa.
El monto de inversión programada fue de entre 276 y 290 millones de pesos en la primera etapa, para el área de estacionamiento —de 700 cajones—, el centro artesanal y el gastronómico que se inaugurarían en 2008.
El nuevo estacionamiento y complejo urbano era casi de ensueño; buscaba “dignificar la zona centro”. Actualmente, el viejo edificio, que por más de tres décadas fue el punto de llegada y partida de cerca de 50 mil pasajeros diarios, está en el abandono.
Es ahora un escondite de plagas y vagabundos y una zona roja disfrazada de comedores de 24 horas. Lo único que existe hoy es el estacionamiento sin utilizar y mantenido por el gobierno municipal con una aportación temporal de 20 millones de pesos al año.
Casi 10 años y 200 millones de pesos después, el Congreso estatal aprobó la desincorporación del inmueble y otro terreno aledaño en favor del ayuntamiento de Morelia, a condición de que ahí construya oficinas administrativas, un área comercial y gastronómica.
Carretera en el “limbo”. Con una inversión de 500 millones de pesos y beneficios para más de 750 mil habitantes, el nuevo libramiento norte de Morelia se anunció como uno de los puntos medulares del extinto Plan Michoacán, y así se presumió; 10 meses después de su fecha de conclusión, la administración municipal sigue en espera de que se lo entreguen.
La moderna obra vial debió inaugurarse en diciembre del año pasado; a la vista presenta en su superficie de rodamiento fracturas e irregularidades. El proyecto fue ejecutado por cuatro empresas; tres de ellas de Toluca.
En diciembre de 2012, Raúl Murrieta, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo que el proyecto tendría un “final de fotografía”, es decir, que se concluiría en tiempo y forma.
Pero la obra dejó hace meses su vestido de fiesta y ninguna autoridad quiere ya hablar sobre ella; 300 días después aún hay constantes trabajos de corrección con cuadrillas de obreros parchando las deficiencias.
