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A un año de la muerte de Ricardo de Jesús Esparza Villegas, estudiante de la Universidad de Guadalajara (UdeG), cuyo cuerpo apareció en el patio de una casa en Guanajuato, su familia insiste en que el joven estudiante de mecatrónica fue asesinado y las autoridades estatales ocultan algo.
Las circunstancias en las que falleció el universitario aún no se esclarecen, y en el gobierno de Guanajuato el caso sigue sin avances: dicen que el universitario, quien fue al Festival Internacional Cervantino con varios de sus compañeros, cayó de una barda de siete metros de altura al interior de la vivienda y los golpes le causaron la muerte.
Pero desde su casa en Zapopan, Eunice López, hermana de Ricardo, insiste en que se trató de una ejecución extrajudicial: “A mi hermano lo mataron los policías”. Se refiere a los agentes estatales que lo detuvieron en Guanajuato el 18 de octubre de 2014.
Desconfía de la forma en que se llevaron las investigaciones y asegura que la segunda necropsia, la practicada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses el 12 de diciembre de 2014 —y de la que oficialmente nadie quiere dar cuentas— difiere de la que realizó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE).
Aunque reconoce que en ambos peritajes se establece que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico, sostiene que la segunda autopsia indica que Ricardo tenía la nariz rota, golpes en el costado derecho, a la altura de las costillas, contusiones en la cabeza, rostro y barbilla; además de muñecas y rodillas lastimadas.
Eunice insiste en que algo no encaja en esta historia: “Han ido de una versión a otra (...) que Ricardo estaba robando la casa donde lo encontraron, que andaba haciendo parkour en la madrugada, que había ido a una fiesta a esa casa, y la última que sacaron pero no hicieron pública, es que se había suicidado”.
La versión de la PGJE establece que Ricardo fue detenido por policías estatales tras recibir la denuncia de una mujer que lo acusó de orinar en el portal de su casa. Después de eso fue liberado y posteriormente encontrado muerto en la finca del callejón Peña Grande.
Eunice duda de todo y asegura que la señora que supuestamente acusó a su hermano nunca fue a declarar; además, sostiene que existe la declaración de dos guías de turistas que acudieron a la PGJE a dar testimonio de que vieron a los policías extorsionando a Ricardo.
Recuerda que en los videos mostrados por la dependencia guanajuatense hay inconsistencias, pues se ve a un joven de sudadera caminar solo y hablando por teléfono cerca de las 5 de la mañana: “Pero a mi hermano lo declaran muerto a las 3 de la mañana” del 19 de octubre.
La necropsia que nadie muestra. Para el rector del Centro Universitario de los Lagos (CULagos), Armando Zacarías, la PGJE aún debe muchas explicaciones en este caso.
Aseguró que la UdeG, y en especial la comunidad universitaria de CULagos, se sienten agraviadas por la forma en que se ha llevado la indagatoria: “No tenemos certeza de lo que ocurrió esa noche, lo deben aclarar”.
Sin embargo, cuando se le pregunta sobre la segunda necropsia, aseguró que no conoce los resultados.
EL UNIVERSAL solicitó una entrevista con el abogado de la UdeG, Francisco Peña, pero éste se negó y sólo hizo saber a través de la oficina de Comunicación Social, que ambos peritajes arrojaban resultados similares.
Personal de la universidad cercano a la oficina del abogado general explicó de forma extraoficial que se firmó un acuerdo de confidencialidad con el gobierno de Guanajuato respecto a este nuevo peritaje.
No conocerá a su padre. Eunice recuerda a su hermano como un chico alegre al que le encantaba la naturaleza, que pensaba en terminar su carrera para casarse; el día que murió, su novia tenía un mes de embarazo; él no se enteró.
“No le permitieron la dicha de saber que iba a ser padre. No saben el alcance de lo que destruyeron. ¿Qué le vamos a decir a mi sobrinito cuando nos pregunte por su papá?”. Hoy, el pequeño Ricardo vive en Lagos de Moreno con su madre.
Sin avances. En un año, la PGJE no ha logrado esclarecer su muerte: el análisis de más de 768 horas de video, dos autopsias, peritajes de criminalística y al menos 30 testimonios han sido insuficientes.
Se desconoce cómo y a qué llegó el universitario a la casa marcada con el número 28, las razones por las que subió al techo y no hay claridad sobre las circunstancias de su muerte.
El estudiante nada tenía que hacer en esa vivienda, las dos inquilinas no lo conocían. “No supimos a qué vino ni qué andaba haciendo”, comentó Coral, propietaria del inmueble.
Las jóvenes que rentaban la casa se mudaron hartas del acoso de la prensa; y la dueña obtuvo un amparo para que la policía no la molestara. “Dejaron de venir en diciembre”, dijo.
Quedó a deber. El procurador de Justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa, admitió que hay otros videos sobre el trayecto del muchacho hacia la vivienda donde se le halló sin vida, pero no mostró imágenes.
En sus declaraciones públicas, dijo que Ricardo “no fue detenido por elementos policiales”, que su muerte aconteció en el lugar en que fue localizado su cuerpo y que las lesiones corresponden a la caída.
En tres ocasiones EL UNIVERSAL ha solicitado una entrevista con el procurador del estado, pero hasta la fecha no ha sido otorgada.
