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Hermosillo.— La Procuraduría de Sonora se desistirá de la acción penal en contra de los padres sustitutos que compraron a niños, y en las próximas horas se regresará a tres menores que se les quitaron y se encuentran en custodia del DIF.
En conferencia, el fiscal Carlos Navarro Sugich dijo que se tomó esta determinación “con base en el interés superior del menor”.
Por tanto, los padres sustitutos quedan libres de los cargos de supresión y sustitución de infante, delitos que alcanzan fianza.
Además, se conservará el anominato de esos niños y las actas de nacimiento quedarán tal y como están, en tanto llegue un padre biológico y los reclame. “Entonces sí habrá un problema que resolver”, dijo el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
“Los verdaderos perdedores son los niños y niñas, son las verdaderas víctimas, algunos se encuentran en un albergue, pero serán devueltos”, explicó.
Ante esta situación, dijo que se ha reflexionado mucho “y debe prevalecer el interés superior del menor, y de los hombres y mujeres que los están criando y que en todo momento han colaborado en la etapa del procedimiento penal”.
Agregó que la procuraduría y los padres sustitutos han creado un frente común para obtener el mayor número de pruebas en contra de los presuntos responsables: Vladimir Alfredo Arzate Carbajal y José Manuel Hernández López, “para que cuando se les capture sean castigados por sus delitos”, aseveró. Agregó que los padres sustitutos están pagando el castigo con el dolor de verse en la situación en la que se encuentran, sobre todo porque se les tomará una prueba de ADN y en caso de que el menor sea reclamado, deberá ser entregado a sus verdaderos padres.
Búsqueda mundial. Por otra parte, la vocera de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Tatiana Gómez Unger, dio a conocer que Arzate Carbajal y Hernández López son buscados en 189 países.
Ambos implicados cuentan con orden de aprehensión por su probable participación en la comisión de los delitos de suposición, ocultación y sustitución de infante, además de sustracción y tráfico de menores, por lo que la Procuraduría de Sonora también solicitó el apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR) para su búsqueda y localización.
La vocera de la fiscalía sonorense dijo que se emitió una alerta migratoria en contra de los dos sujetos relacionados, desde 2012, con el tráfico de niños.
El pasado 27 de agosto, el Procurador Carlos Navarro Sugich informó, en conferencia de prensa, que luego de una denuncia anónima se había iniciado una averiguación previa en contra de los sujetos mencionados.
Los niños recién nacidos eran vendidos en cantidades que oscilaban entre los 80 y 150 mil pesos a matrimonios mexicanos y hasta en 20 mil dólares a parejas estadounidenses.
Los padres sustitutos se convertían legalmente en biológicos al entregárseles el aviso de nacimiento, luego de que eran arrebatados a madres vulnerables que tenían problemas de adicciones o eran jornaleras.
Un médico del IMSS, del municipio de Empalme, ya presentó su declaración ministerial al ser señalado por los dos implicados como la persona que les vendía el aviso de nacimiento en 15 mil pesos.
