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Mientras organismos internacionales mantienen ubicado a Cancún como un “foco rojo” en materia de Trata de Personas, la aplicación de la Ley que fue publicada en el Periódico Oficial de Quintana Roo en abril del 2014 está paralizada, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnaron 11 de sus artículos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los 11 artículos impugnados -3, por PGR y 9 por la CNDH- versan sobre la invasión de facultades federales por parte del estado de Quintana Roo, ya que en dicha ley se determina que la entidad puede “perseguir” y “sancionar” la Trata de Personas en cualquiera de sus modalidades, cuando el delito es del orden federal; además se argumentó que algunos de sus preceptos, violan los derechos humanos de las víctimas.
“La persecución y la sanción son competencia de la federación, por eso a nosotros nos impugnaron la ley en el mes de febrero. Hay 11 artículos que hablan de sanción y persecución y la Suprema Corte de Justicia dictamina que es esfera federal, no local.
“Nosotros nos amparamos, estamos amparados y en espera de lo que dictamine la Suprema Corte de Justicia. No sé cuándo suceda esto. Precisamente ahora que vino la ministra, Olga Sánchez Cordero, le hice mención y le pedí que lo revisaran. No es una situación que dependa de nosotros; pero la ley está”, expresó la diputada local, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Susana Hurtado.
Con el pretexto de la impugnación de los artículos 3, 6, 7, 47, 48, 50, 51 –entre otros- , el gobierno municipal encabezado por el alcalde, Paul Carrillo, ha omitido dar continuidad a los trabajos del Consejo Consultivo contra la Trata de Personas y sus funcionarios se ausentan de las reuniones, reprocharon hoy, organizaciones civiles que conforman el organismo.
“La ley no se está aplicando. Con el pretexto de que impugnaron los 11 artículos, no se está haciendo nada, mientras la tragedia de la Trata de Personas se mantiene en Cancún. El consejo sólo se instaló, eso sí con mucho bombo y platillo, pero no se ha podido avanzar nada, porque ninguna autoridad se presenta.
“Yo sé que a la autoridad le molesta que uno diga estas cosas, pero es la verdad: Cancún está ubicado a nivel internacional, como un foco rojo en Trata de Personas, principalmente en su modalidad de pornografía infantil, comercio y tráfico sexual”, dijo en entrevista, la presidenta del Consejo Consultivo contra la Trata de Personas en Cancún, Eva Aguilar.
En conferencia de prensa, la legisladora Susana Hurtado reveló hoy la situación que, desde febrero pasado, guarda la “Ley en materia de Trata de Personas de Quintana Roo”, aprobada hace un año y publicada en el Periódico Oficial el 23 de diciembre.
Aunque subrayó que la impugnación afecta sólo 11 de los 59 artículos que integran la Ley, integrantes del Consejo consultivo contra la Trata, advirtieron que, en los hechos, las autoridades han dejado de cumplirla.
“La ley establece que debe haber un Consejo estatal y que en cada municipio se debe instalar un consejo consultivo. Benito Juárez (Cancún) es el único de los 10 municipios de Quintana Roo que lo instaló, pero no funciona, no sesiona, no nada”, sostuvo, Eva Aguilar, respaldada por separado por Patricia López Mancera del Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer (CEFIM), quien llamó a “terminar con las simulaciones, el tema es muy grave”.
Al evento de hoy se invitó al regidor Alberto Vado, quien preside la Comisión de Grupos Vulnerables del Cabildo; sin embargo, se ausentó. En su lugar llegó la regidora, Luz María Cruz Alanís, quien fue criticada por activistas, al poner en duda la magnitud de la problemática de la Trata de Personas en este centro turístico.
“Que la gente nos diga dónde han visto y qué han visto”, solicitó la concejal, quien citó que en los operativos para prevenir y erradicar el fenómeno, no se han encontrado con casos numerosos o graves.
Por separado, Aguilar de López manifestó que el ayuntamiento se niega a la operación del Consejo consultivo, mientras no exista “un diagnóstico del problema”.
En 2011 EL UNIVERSAL citó datos oficiales de la PGR -contenidos en el estudio “La Trata de Personas en el Sector Turístico”- que ubicaban a Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, entre las 18 entidades de la República que concentraban al 90 por ciento de dicho fenómeno delictivo.
El informe fue encargado por la Secretaría de Turismo (Sectur), al Observatorio de la Violencia de Género de la Universidad del Caribe (Unicaribe), en Cancún, con la colaboración de la consultora REDES-Turismo, como parte de una estrategia nacional para combatir el fenómeno.
El análisis abarcó la situación en Acapulco, Guerrero; Puerto Vallarta, Jalisco; y Cancún y Riviera Maya, en Quintana Roo.
La calidad del estudio y la solidez de su contenido, motivó que personal del Observatorio de Violencia fuera asignado a la capacitación sobre el tema, en varias ciudades de México, a solicitud de la Sectur, pero también provocó una honda molestia entre autoridades locales, al evidenciar la red de complicidades que permiten que la Trata sea un millonario negocio clandestino, que abarca bares, casas de masaje, empresas que ofrecen acompañamiento a ejecutivos de alto nivel; redes de mendicidad y de explotación laboral.
jlc
