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La noche que sucedieron los granadazos, Rafael Bucio y su esposa Gloria Álvarez ni siquiera estaban cerca de la catedral.
Se dirigían hacia ese lugar, sí, pero se les había hecho tarde por haber pasado a dejar a su pequeña hija con su suegra, y cruzaban la avenida Madero en la esquina con la oscura calle de Quintana Roo.
Iban a toda prisa, tomados de la mano, pensando en alcanzar el espectáculo de los fuegos artificiales para después ir a cenar pozole.
En ese instante, un sujeto pasó a dos metros de ellos y dejó caer algo que parecía una pelota. En realidad, una granada de fragmentación.
A la pareja le explotó el artefacto prácticamente en la cara. Gloria Álvarez cayó fulminada y Rafael quedó inconsciente junto al cadáver de su esposa, despertó en el hospital.
A partir de entonces, Rafael tuvo que soportar 18 cirugías en la pierna izquierda antes de que se la amputaran en 2014, y en febrero pasado terminó por perder el brazo derecho, luego de media docena de cirugías.
“Soy un hombre en cachos. El doctor dijo que el brazo nunca quiso soldar. ¿Cómo iba a soldar si estaba lleno de fierros [esquirlas]?”, se pregunta con la mirada puesta en el vacío.
A este hombre que aún no cumple los 40 años, se le ve demacrado; su nueva pareja dice que perdió peso y ahora es la sombra de lo que fue.
Tiene un color amarillo en la piel y una mueca que intenta ser sonrisa, que sólo muestra cuando hay visitas.
Al morir Gloria, él tuvo que quedarse a cargo de su pequeña hija que entonces tenía cuatro años. Sus padres, amigos y vecinos en un principio le ayudaban con los gastos, pero al paso del tiempo todo se diluyó.
“En ese entonces el gobierno dijo que sólo podía otorgarme una pensión de 8 mil pesos y con eso tuve que pagar medicinas, cirugías, mantener la casa, a mi hija y todo. Los del gobierno piensan que soy un limosnero”, dice.
Después del accidente Rafa se quedó sin su trabajo en el taller mecánico y decidió juntarse con otra mujer. Además, su ex suegra le retiró la palabra y pelea por quitarle a su hija. Ya casi nada queda de aquel hombre que juraba que descubrirían su talento para patear el balón, que demostraba cada fin de semana en las canchas de futbol.
El carpintero. Antes del atentado, José Ángel López Bucio tenía en su casa un taller de carpintería. Con eso mantenía íntegramente a su mujer y sus tres hijos. Su ingresos, dice, no bajaban de 10 mil a 15 mil pesos al mes.
Después de los granadazos no hay dinero que alcance para curar las heridas físicas y emocionales de todos.
Como cualquier familia tradicional, fueron al Grito; él perdió las dos piernas, su esposa y sus hijos llevan el cuerpo plagado de trozos de metal que sus cuerpos han encapsulado en el estómago y el cuello.
Por el número de damnificados, que pertenecen a una misma familia el gobierno del estado los apoya con un cheque de 6 mil pesos al mes, y al año reciben la beca de Rafa Márquez, que es insuficiente para solventar escuelas, medicina y manutención.
José Ángel ha ido vendiendo poco a poco la herramienta de su antiguo taller. Con eso sortea los gastos de la casa y el hospital de las múltiples operaciones que le han hecho. “Les dije [a los médicos] que si de por sí iba a perder las piernas, que mejor me las cortaran de una vez. Los gastos de cada operación y las recuperaciones salen arriba de 30 mil pesos”, informa.
También la solidaridad de los vecinos interviene y a veces les regalan cosas, comida y dinero. El cambio de administraciones gubernamentales ha terminado por mermar los apoyos para las víctimas del 15 de septiembre.
Después de la administración perredista, el gobierno priísta de Fausto Vallejo disminuyó al mínimo los apoyos, argumentando crisis financiera, señalando que todos los casos serán sometidos a revisión, porque hay algunas personas que reciben dinero sin tener justificación.
A partir de este año los recursos serán desembolsados desde de la Dirección de Recursos Humanos del gobierno del estado, la dependencia ha ofrecido nivelar los apoyos para tratar de cumplir con el decreto oficial, ya que conforme se estipula en la ley “los subsidios deberían de estar a la par de los salarios mínimos vigentes”.
