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Hermosillo.— Jorge Pesqueira Leal, doctor en Derecho y en Sociología, consideró que la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) de Sonora no está realizando un procedimiento de investigación adecuado en el caso de la venta de niños desde el DIF estatal.
Aseguró que se debe aplicar un método de investigación científica para recuperar a los menores vendidos y desmantelar la red de tráfico de niños, en la que debe haber muchas más personas involucradas.
Además, señaló, la PGJE debió crear una agencia del ministerio público especializada en este delito y no dejar a la burocracia judicial la investigación en la que se ven envueltos servidores públicos.
Mencionó que algunos niños podrían estar viviendo en el extranjero, pues es posible que una pareja de estadounidenses, si dijo que el niño nació en México, con el aviso de nacimiento hayan acudido al consulado para conseguir el pasaporte.
El especialista, presidente del Patronato de Reincorporación Social del Estado de Sonora, fundador y responsable de la Ciudad de los Niños, donde se da vivienda, comida y educación a menores en situación de riesgo, lamentó la situación que están pasando los padres sustitutos y los pequeños que están involucrados en el delito de tráfico de menores.
Recordó que el procurador de Justicia reveló que desde marzo se detectó la compra-venta de niños de al menos nueve menores en el Sistema DIF estatal, en medio de una red de complicidades entre funcionarios, doctores del Hospital Integral de la Mujer en el Estado de Sonora y parejas con deseo de adoptar un menor, situación que se venía presentando desde el 2012. Los niños eran vendidos hasta en 20 mil dólares.
Pesqueira Leal comentó que esta operación pudo haberse cometido desde tiempo atrás e insistió que la fiscalía debe establecer una rigurosa metodología científica. “La procuraduría ha perdido cuatro valiosos meses de investigación”.
Dijo que “aquí se rompieron todas las normas y se utilizó una vía de fast track donde se deshicieron de todo procedimiento a través de aparentar que los padres de esos niños eran biológicos sin serlo”.
Evidentemente existe un delito específico donde se usurpa, se sustituye y se hace aparecer como biológico un padre que no lo es. Ese supuesto contempla una pena de hasta seis años de prisión.
Lamentablemente por un lado, acuden al registro civil a decir “es mi hijo biológico” y, por otro, pagan para tener la oportunidad de acariciar un sueño anhelado por años de tener un hijo aunque no sea biológico, para criarlo como propio. En los dos casos se comete un delito, concluyó.
