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La empresa Prokarne pagó las primeras liquidaciones a 30 niños y adolescentes jornaleros que eran explotados en la pizca y el empaque de calabacitas y cebollines en el ejido “El Higo” del vecino municipio de Ramos Arizpe.
Cada uno de los pequeños recibió de 11 mil a 18 mil pesos, dependiendo del tiempo laborado.
A dar por finiquitado el contrato de trabajo temporal, el responsable de entregar el dinero a los menores fue un abogado del empleador, propietario de los dos predios agrícolas, “El Pedregal” y “Santa Cruz” donde durante miércoles y jueves autoridades de Coahuila rescataron a 307 personas.
Del total de trabajadores agrarios 78 son menores de edad, de entre 13 a 17 años, un niño de 8 años, dos de un año y 229 adultos hombres y mujeres, así como dos chicas embarazadas, originarios de los estados de Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas.
A través de un comunicado de prensa, el Gobierno del Estado informó que la Secretaría del Trabajo (SETRA), a cargo de Norma Leticia González Córdova, y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PRODET) prestaron asesoría gratuita a los labriegos.
Se atendió caso por caso porque algunos tenían semanas, otros uno, dos o tres meses de laborar y se logró que se les pagara lo justo, porque no se les había dado ningún salario cuando, como se ha difundido, les ofrecieron 100 o 120 pesos diarios, pero sin otorgarles servicio médico ni prestación alguna.
Por instrucciones precisas del gobernador Rubén Moreira Valdez y de su esposa, Carolina Viggiano de Moreira, todos los niños y adultos serán apoyados para retornar a sus lugares de origen hasta donde serán acompañados por autoridades de Coahuila, quienes los entregarán a representantes de los gobiernos de sus estados.
Los primeros camiones saldrán de un momento a otro y se toman todas las previsiones necesarias para garantizar que lleguen bien a sus hogares, dijo la subsecretaria del Trabajo, Tanya Castillón.
Asimismo, ratificó que en los días siguientes se continuará con el proceso de liquidación hasta que los 78 menores reciban el pago que les corresponde por ley.
Durante el tiempo que se lleve a cabo el procedimiento legal los chicos continuarán bajo la custodia de la Procuraduría de las Niñas, los Niños y la Familia (PRONNIF) y los jóvenes y adultos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
ahc
