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La Procuraduría General de la República (PGR) recibió 100 denuncias por el incendio de la guardería ABC de Hermosillo el 5 de junio de 2009, donde 49 niños fallecieron y más de un centenar resultaron lesionados.
La dependencia, que encabeza Arely Gómez, dijo que se iniciaron 11 averiguaciones previas de las cuales en 10 se ejercitó acción penal por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.
Por tratarse de delitos no graves, las personas señaladas como probables responsables del incendio podrían enfrentar su proceso en libertad.
Señaló que en la integración de la indagatoria de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, se recibieron 100 denuncias, por lo que solicitaron 22 órdenes de aprehensión, entre los que se encuentran servidores públicos del IMSS, de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora, de Protección Civil, bomberos, empleados del ayuntamiento de Hermosillo y socios de la guardería subrogada.
“La PGR comunica, en virtud de la información que se ha hecho pública, que en cumplimiento a una sentencia de amparo, promovido por padres de menores afectados, (...) la representación social de la federación determinó el ejercicio de la acción penal contra 22 personas”, señaló en un comunicado.
Los socios de la guardería eran Antonio Salido Suárez, Alfonso Escalante Hoeffer, Sandra Téllez Nieves, Gildardo Urquidez Serrano y la prima de la ex primera dama Margarita Zavala, Marcia Matilde Gómez del Campo.
De acuerdo con un documento que entregó la asociación Manos Unidas por Nuestros Niños en mayo de 2013 a la PGR, el incendio fue provocado en la bodega de Hacienda, contigua a la guardería, para destruir documentos que evidencian una presunta deuda por 10 mil millones de pesos que dejó el ex gobernador Eduardo Bours.
Las pruebas que aportaron los padres en aquella ocasión señalan a Carlos Andrés López Meza, chofer de Juan Carlos Lam Félix, quien se ostentaba como secretario técnico del entonces gobernador. El pasado 18 de julio, el subprocurador de Control Regional, de Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal, se comprometió a que en dos semanas se resolvería la averiguación previa.
