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El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Héctor Gómez Barraza, negó que la devastación de manglares en Malecón Tajamar, provoque algún tipo de impacto, porque cuenta con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario federal indicó que dicha autorización en materia de impacto ambiental data del 2005, lo que implica que se expidió antes de que entrase en vigor el Artículo 60 TER contenido en la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), que protege a los manglares mexicanos, al prohibir toda obra o actividad que dañe su flujo hidrológico.
“No hay problema; tenemos una Manifestación de Impacto Ambiental con vigencia al 2016, lo que significa que fue sacada antes de la TR-60 (sic); muchos propietarios están amparados dentro de esa MIA y, al final del día, no va a impactar en nada”, dijo acerca de las protestas ciudadanas que se han alzado ante el desmonte de grandes extensiones de manglar en al menos cinco polígonos de Malecón Tajamar.
Gómez Barraza añadió que se realizan gestiones –que no detalló- ante la Semarnat, para concluir un trámite, que tampoco precisó.
“Es sólo un trámite de gestión y espero que la semana que viene esté resuelto el tema”, comentó. Por separado, el titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, declaró que “Malecón Tajamar”, antes “Malecón Cancún”, fue sometido al Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA) antes de obtener la autorización correspondiente, como sucede con otros proyectos.
En ese proceso –dijo- se evalúan los pros y los contras de las obras planteadas dentro de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y se establecen las medidas de compensación o remediación, así como las condicionantes.
“Todos los proyectos que se llevan a cabo son revisados por personal técnico (…) Cualquier proyecto que se lleve a cabo sin respetar la autorización de impacto ambiental, la Profepa ha estado actuando”, atajó, sin acceder a dar mayores detalles.
Todos los lotes serán desarrollados
Fonatur Entrevistado a parte, el delegado del Fonatur en Quintana Roo, Juan Carlos González Hernández, aclaró que la superficie desarrollable y autorizada por la Semarnat, se aprovechará en su totalidad, lo cual “se tiene que entender”. “Se tiene que entender que esos lotes, tarde o temprano, se tienen que desarrollar.
Lo que pasa es que (los propietarios) se tardaron mucho tiempo en presentar sus proyectos, pero se tiene que desarrollar todo.
“Los que están desmontados ahorita son 10 lotes que ya habían hecho su trámite ante Fonatur y posteriormente tuvieron que hacer uno ante Semarnat; tienen un permiso municipal”, manifestó.
González Hernández reiteró que uno de los propietarios de terrenos en la zona, es la empresa italiana Bi & Di, a la que le permutaron los predios que compraron al Fonatur en 2005, frente a Playa Delfines, por 10 lotes en Malecón Tajamar “y una cantidad de dinero que desconozco”.
En ellos, construirán condominios, comentó. Gómez Barraza se limitó a responder que la permuta se llevó a cabo luego de un acuerdo derivado de un mandato judicial.
Ocurre que en 2011, el juez civil, Carlos Aguilar Godinez, radicado en el Distrito Federal, emitió una sentencia en la que ordenó al Fonatur, la devolución de los 325 millones de pesos que pagó Bi & Di, por la compra de lotes con usos de suelo falsos que le vendió el Fondo, en noviembre del 2005.
El juez determinó que el desarrollo del proyecto planteado por la empresa italiana, era “imposible”, debido a que dos de los cinco predios adquiridos carecían del uso de suelo TH-12 con que fueron vendidos.
Las condicionantes
Como parte de las condicionantes que le fueron impuestas al Fonatur, en el resolutivo de impacto ambiental del 28 de julio, el funcionario mencionó que los inversionistas están obligados a realizar un rescate de vegetación, la reubicación de la fauna silvestre y el transplante de mangle, entre otras.
Al ser consultada sobre las denuncias que ha recibido y las acciones que ha llevado a cabo respecto a la tala de manglares en Malecón Tajamar, la delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Carolina García Cañón, se negó a responder. “No voy a dar ninguna declaración hoy”, dijo.
cfe
