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San Quintín
Al terminar de piscarse la última fresa del Valle de San Quintín, los patrones de los campos agrícolas acostumbran recompensar a sus jornaleros con una comida de agradecimiento: una torta de frijoles, un refresco de cola, y si la temporada de cosecha fue muy buena, también se sirve carne.
Casi todos los ranchos se han sumado a ésta tradición, incluidas empresas internacionales asentadas en la región como las estadounidenses Driscoll’s y Berrymex, que mantienen, desde México, el control mundial de la exportación de fresas y frutos rojos.
Un sábado de junio, entre los más de tres mil jornaleros que trabajaban en Berrymex, estaba Daniela. Ese día comió tranquila y sabía que aunque la temporada de recolección terminaba, había que deshierbar y preparar la tierra para la nueva cosecha.
Frente a ella los ingenieros agrónomos— encargados del rancho de frutos rojos— no levantaron la cabeza ni sonrieron durante la comida. Pero no era raro: un patrón nunca se mezcla con un jornalero; en el campo hay más jerarquías que en la realeza. Al dar las cinco de la tarde, las cuadrillas de campesinos se levantaron apresurados de sus lugares. Era la hora de la salida y muchos tenían que caminar kilométricas veredas para llegar a sus comunidades.
“En la puerta se nos pagó el día en 150 pesos junto con una hoja que nos pidieron que la firmáramos. Nos estaban echando, así nada más el mayordomo nos dijo: ‘se acabó el trabajo, hasta aquí’”, asegura Daniela, quien es originaria de Sinaloa y llegó hace dos décadas a piscar con su familia.
Ese día fueron despedidas más de 300 personas de las cuadrillas de la pisca de fresa, posteriormente 200 y así hasta que el rancho echó a unas 800 personas, según datos proporcionados por el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales y los propios involucrados.
La Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social ha contabilizado al menos 3 mil despidos luego de que pasaran las protestas y las huelgas de mayo, que evidenciaron las pobres condiciones de trabajo a los que son sometidos los campesinos del valle agrícola.
Después de las manifestaciones, el que protestó la está pagando: “Es la venganza; los patrones se la están cobrando”, dice Daniela con los labios apretados, como queriendo controlar el llanto.
La jornalera se hunde en el silencio, ese mismo que ha quedado después de las protestas, porque tras el fervor por exigir sus derechos y una vez que se fue la prensa internacional y las organizaciones extranjeras, las penas y las desdichas se volvieron peores en San Quintín.
Durante los meses de marzo, abril y mayo, unos 80 mil jornaleros se manifestaron en contra de las compañías agrícolas y los tres niveles de gobierno, en demanda de mejores condiciones laborales en los campos.
Sin embargo, las protestas subieron de tono el 17 de marzo, cuando los jornaleros bloquearon la carretera transpeninsular, única vía de comunicación en la península de Baja California. Tras dos meses de exigencias y promesas incumplidas, el 10 de mayo hubo un enfrentamiento entre autoridades y jornaleros que dejó como saldo unos 70 heridos.
“Nos dieron a firmar unos papeles supuestamente por haber faltado. Bien tonta los firmé y yo creo que por eso pudieron corrernos así como así. Hasta el mayordomo dijo: ‘yo pienso que esos papeles no se deberían de ir porque quien sabe para que la van a utilizar, ya con eso no vamos a poder pelear nada’”, recuerda Daniela.
Cuando terminó el día, una ráfaga de miradas poco amables cayó sobre los jornaleros. Los ingenieros de la empresa Berrymex les reclamaron que durante sus manifestaciones se echó a perder la fresa, luego les explicaron que en los 150 pesos diarios venían incluidas sus prestaciones. Por las pérdidas sólo les dieron 180 pesos de utilidades.
Los “desterrados”
En la colonia San Juan Copala viven miles de jornaleros en precarias casas de cemento y otras de madera, recubiertas con lona, cajas de cartón y rodeadas por infinitas estrías de aguas negras. En ese sitio vive una de las comunidades triquis más grandes al norte de México y se registró uno de los enfrentamientos más sangrientos entre jornaleros y autoridades policiales durante las protestas.
Una delegación fue quemada, un vehículo blindado destrozado y más de 500 personas detenidas.
Más de 100 jornaleros están reunidos. Se les ve serios, muy serios. Y comienza a hablar don Dionisio Martínez:
“Durante las protestas se firmó un papel para que cuando terminara la huelga, no hubiera represalias contra los trabajadores y regresaran a sus trabajos. Entonces cada quien se regresó a sus ranchos, pero entonces nos dijeron ‘trabajo para ustedes no hay, porque ustedes son unos escandalosos’”, recuerda que le dijo su entonces patrona a don Dionisio, quien se quedó sin trabajo tras 20 años de cultivar fresa, tomates, espárragos y uvas en ese lugar.
Los oaxaqueños le exigieron a la patrona que reconociera todos los años que habían trabajado en el campo; ella respondió que no. Fueron 143 jornaleros los despedidos del rancho San Vicente Camalú, propiedad de Salvador García.
Isaías Cruz, un joven oaxaqueño de mirada rabiosa y hablar fuerte, asegura que después de la huelga se acabó el trabajo para su comunidad, “fuimos fichados por los patrones”, explica.
“Esto ha sido más que una represalia para nosotros, todos los ranchos nos están sacando, nos sacaron con Berrymex, San Vicente Camalú y otros tres ranchos; es más que una venganza”.
Después de las protestas, el rumor de que los huelguistas fueron los oaxaqueños se ha corrido como pólvora.
Paran transporte
Con las manifestaciones fueron evidenciadas las condiciones laborales inhumanas y los abusos a los que eran sometidos los jornaleros agrícolas del valle de San Quintín en México. Fue entonces que organizaciones en varias partes del mundo, convocaron a un boicot contra los ranchos agrícolas mas grandes de la zona. Uno de ellos es Driscoll’s.
Tras dos meses de que terminara el conflicto, los boicoteados fueron los “oaxacalifornianos”, la comunidad de Oaxaca asentada desde hace muchos años en el valle de California.
Él no quiere revelar su nombre por temor a represalias de los patrones, pero es parte de la Alianza Transportista del FINIC, una de las cinco compañías de transporte agrícola.
La orden fue directa: “personas de Lomas de San Ramón, de San Juan Copala, no quieren que los llevemos a trabajar. Entonces tuvimos que parar los camiones”, cuenta que también están perdiendo porque siguen pagando 7 mil pesos de placas anuales, entre otros gastos.
Todo va peor
Ya no sabe si la huelga les benefició, pues los sueldos sólo aumentaron entre 10 y 20 pesos. “Dicen que no quieren huelguistas, que mejor van a traer personas a Guerrero, Oaxaca y Veracruz”.
Los acuerdos que se habían alcanzado durante las reuniones entre el gobierno federal, estatal y los campos agrícolas estipulaban que se incrementaría de 120 a 150, 165 y 180 pesos. Además de otorgar las prestaciones como el Seguro Social.
“No ha pasado, es una mentira” dice Esteban, un joven que fue despedido.
El método que han encontrado los patrones para librar los incrementos ha sido pagarles por tareas: llenar tantas canastas de fresas, tantos botes de tomate. Ahora nadie quiere pagar por día.
En el parque Lázaro Cárdenas esperan los “desterrados” de los ranchos a que algún chofer los suba para obtener dinero al día, en espera de que algún rancho los quiera contratar y les pague al menos lo que ganaban antes de la huelga.
“Nos dicen que no nos quieren llevar, porque los patrones dicen que se van a cobrar las que les hicimos; te lo dije, estamos fichados”, lamenta.
